miércoles, mayo 25, 2016

Derecho Procesal Civil : Casación de Oficio por haber desconocido el Juez Superior el valor probatorio de la experticia Médico Forense

SALA DE CASACIÓN CIVIL
Exp. 2015-000530

Magistrado Ponente: Yván Darío Bastardo Flores


En el juicio por daño moral, incoado ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por la ciudadana MAYTEE CECILIA FAGÚNDEZ BLANCO, representada judicialmente por los profesionales del derecho Emilia de León Alonso de Andrea, Gilberto Antonio Andrea González y Maribel Hernández Mariño, contra los ciudadanos BETTY MILAGROS PÁRRAGA DE ZOGHBI y JESUS PEREIRA MALDONADO y contra la sociedad mercantil CLÍNICA EL ÁVILA, C.A., los dos primeros patrocinados por los abogados en ejercicio de su profesión Ernesto José Zoghbi Zoghbi, Javier Yñiguez Armas, Ernesto Ferro Urbina, Héctor Trujillo Trujillo y Gina de Sousa Goncalves, la tercera, también representada por el abogado Ernesto José Zoghbi Zoghbi y los abogados Orlando Aníbal Álvarez Arias, Rafael E. Caballero y Leonardo Eugenio Guevara Matas; el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, en fecha 26 de mayo de 2015, dictó sentencia declarando con lugar el recurso procesal de apelación interpuesto por la representación judicial de la sociedad mercantil Clínica El Ávila, C.A., sin lugar la demanda por daño moral y sin lugar la apelación ejercida por la parte actora, condenando en costas a la demandante por haber resultado totalmente vencida.
Contra la indicada sentencia la demandante anunció recurso extraordinario de casación, el cual fue admitido y oportunamente formalizado. Hubo impugnación sin réplica.
En fecha 23 de diciembre de 2015, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, nombró nuevos Magistrados Titulares en esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, y mediante acta de fecha 7 de enero de 2016, se reconstituyó esta Sala, quedando constituida de la siguiente forma: Magistrado Presidente: Dr. Guillermo Blanco Vásquez; Magistrado Vicepresidente: Dr. Francisco Ramón Velázquez Estévez; Magistrada: Dra. Marisela Valentina Godoy Estaba; Magistrada: Dra. Vilma María Fernández González y Magistrado: Dr. Yván Darío Bastardo Flores.
Concluida la sustanciación del recurso y cumplidas las demás formalidades de ley, pasa la Sala a dictar sentencia bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los siguientes términos:
CASACIÓN DE OFICIO
En garantía del legítimo derecho que poseen las partes a la defensa y libre acceso a los órganos de administración de justicia para ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva de los mismos y el de petición, establecido en los artículos 49, numeral 1, 26 y 51, todos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala en sentencia N° 22 del 24 de febrero del 2000, expediente N° 99-625, caso: Fundación para el Desarrollo del estado Guárico (FUNDAGUÁRICO) c/ José Milagro Padilla Silva, determinó que conforme a la disposición legal prevista en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, y al principio constitucional establecido en el artículo 257 de la precitada Constitución, referido a que "El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia...", tiene la prerrogativa para extender su examen hasta el fondo del litigio, sin formalismos, cuando se detecte la infracción de una norma de orden público o constitucional.
En este sentido, con el fin de aplicar una recta y sana administración de justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala procede a obviar las denuncias articuladas en el presente recurso, y con fundamento en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, hace el siguiente pronunciamiento expreso para casar el fallo recurrido con base en las infracciones de orden público que han sido verificadas, y al respecto observa:
El artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, impone que los jueces garantizarán el derecho de defensa, y mantendrán a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencias ni desigualdades y en los privativos de cada una, las mantendrán respectivamente, según lo acuerde la ley a la diversa condición que tengan en el juicio, sin que puedan permitir ni permitirse ellos extralimitaciones de ningún género.
Al respecto esta Sala ha dicho: “El cumplimiento de lo dispuesto en la citada norma, supone la consagración del equilibrio procesal que, con respecto a las partes en litigio, debe ser garantizado por los jueces en el desempeño de su función jurisdiccional y de su facultad decisoria.
Por ende, si fuere el caso que con la desigualdad de las partes se evidencia la ruptura del referido equilibrio procesal, obviamente con ello, se violenta el derecho a la defensa de aquellos quienes, en virtud de los postulados constitucionales contenidos en los artículos 26 y 257 Constitucionales; acuden ante los órganos jurisdiccionales para obtener de éstos un pronunciamiento que resuelva la controversia en la cual, como partes, tienen interés.” (Vid. Fallo N° 920 del 12 de diciembre de 2007, caso: José Iglesias Rey c/ Banco Occidental de Descuento, C.A. Banco Universal).
El caso que se examina versa sobre la reclamación de daño moral que intentare la ciudadana Maytee Cecilia Fagúndez Blanco, por una supuesta mala praxis médica contra los señalados como responsables, ciudadanos Betty Milagros Párraga De Zoghbi, Jesus Pereira Maldonado y la sociedad mercantil Clínica El Ávila, C.A.
Ahora bien, observa esta Sala que la parte actora, estando la causa en fase de promoción de pruebas, en fecha 8 de julio de 2013, promovió, entre otras, una experticia médico forense bajo los siguientes términos:

“…EXPERTICIA MÉDICO FORENSE DEL CICPC

Solicitamos se Oficie (sic) a la Medicatura Forense del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) con sede en la Urbanización Bello Monte de esta Ciudad (Sic) de Caracas D.C. para que uno de los Médicos Forenses de ese Órgano auxiliar de la Justicia Venezolana practique examen médico a la ciudadana: Maytte Cecilia Fagúndez Blanco, de Nacionalidad Venezolana, mayor de edad, de ese domicilio y titular de la cédula de identidad número: V-6.437.074 e informe a este honorable Tribunal acerca de las circunstancias que se describen a continuación: Primero: Si aprecia en la paciente algún defecto o deformación en el área areolar de sus Senos (sic), tanto el Derecho (sic) como el Izquierdo (sic). Segundo: Si aprecia en el paciente haber sido Operada (sic) Quirúrgicamente (sic) en el área Areolar (sic) de sus Senos (sic), tanto el Derecho (sic) como el Izquierdo (sic). Tercero: Si aprecia en el paciente haber sido Operada (sic) Quirúrgicamente (sic) con el fin de una Mamoplastia de Aumento (sic) de Senos (sic). Cuarto: Si aprecia en el paciente la desaparición de los Pezones (sic) tanto Derecho (sic) como Izquierdo (sic). Quinto: Si aprecia en el paciente algún tipo de injerto de piel en el área Areolar (sic) de sus senos tanto el Derecho (sic) como el Izquierdo (sic). Sexto: Que dé su impresión diagnóstica de lo ocurrido con el paciente en su Área (sic) Areolar (sic) de ambos senos tanto el izquierdo como el Derecho (sic). Séptimo: Que deje registro fotográfico del Estado (sic) de ambos senos tanto el izquierdo como el Derecho (sic) y que acompañe el mismo a su informe pericial.

RATIO JURIS

“…Según el Art. 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Esta se soporta sobre evidencias que puedan convertirse en pruebas de los hechos que se narran en el libelo de la demanda, se solicita pues el análisis de los mismos en este caso concreto examen físico de la Víctima (sic) del Daño Moral que tiene el carácter de demandante en el presente procedimiento Judicial (sic) y que la misma se practique en consecuencia en la propia víctima de Daño Moral que es la misma que se está presentando ante el tribunal a solicitar Justicia en su caso particular pidiendo el análisis correspondiente en el respectivo dictamen pericial…” (Subrayado del texto transcrito)

Contra dicha prueba la parte demandada ejerció oposición, la cual fue resuelta por el juez de la causa mediante auto de fecha 18 de julio de 2013, puntualizando lo siguiente:

“…En cuanto a la experticia médico forense, promovida en el Capítulo IV del escrito de pruebas, y la oposición formulada por la parte demandada, este Juzgado observa:

Pretende la promovente se oficie a la Medicatura Forense del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (C.I.C.P.C) a fin de que se sirvan realizar examen médico forense a la demandante; sobre la prueba en cuestión se opone la representación judicial de la parte demandada alegando que la misma es impertinente puesto que sólo pueden promoverse este tipo de experticias ante los Juzgado que conocen de materia penal.

Ante tales alegatos quien suscribe ratifica en todo su contenido los alegatos explanados por el Tribunal en el análisis de la prueba de inspección judicial por ser ésta subsumible igualmente en ellos, en efecto como se indicara con anterioridad la manifiesta impertinencia, según la Doctrina y la Jurisprudencia atañe a la falta de conexión, notoria y fácilmente reconocible de los medios probatorios, y más exactamente de los hechos que con ellos se pretende demostrar, con lo debatido en el litigio.

El principio favorabilia amplianda, manda al Juez a evacuar las pruebas promovidas, a reserva de descartarla luego, pues este principio es el que le permite una interpretación laxa de las normas jurídicas que regulan el derecho de defensa, es decir en forma extensiva y no restrictiva, a fin de no correr el riesgo de menoscabarlo o vulnerarlo, para acatar así, el mandato constitucional que ordena mantener la inviolabilidad de la defensa en todo estado y grado del proceso. Así se precisa.

Respecto a la oposición fundamentada en que los exámenes médico forense son aplicables en los juicios de naturaleza penal, debe indicarse que ese tipo de exámenes también se encuentran dados en los juicios de naturaleza civil, un perfecto ejemplo de ello se encuentra dado en los juicios de las Interdicciones Civiles, donde a los presuntos entredichos se le practica un examen médico forense llevado a cabo por expertos de la medicatura forense.

De acuerdo a lo antes señalado y considerando quien suscribe que si bien la prueba no es de las que se encuentran tipificadas en el Código Adjetivo como tales, la misma es perfectamente enmarcable dentro de las conocidas pruebas libres por lo que se Desecha la oposición formulada contra la misma y en consecuencia se admite la misma por no resultar manifiestamente ilegal o impertinente. Se ordena oficiar lo conducente a la Medicatura Forense del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (C.I.C.P.C.) a fin de que fijen día y hora para llevar a cabo examen médico forense a la ciudadana Maytte Cecilia Fagúndez Blanco, en los términos expuestos en el escrito de pruebas, dicha prueba deberá ser llevada a cabo por Tres (3) expertos en la materia. Se ordena remitirle anexo al oficio en cuestión copias certificadas del escrito de pruebas, por lo que una vez consignados dichos fotostatos se procederá a librar el oficio correspondiente. Todo ello previa notificación de las partes…”

El 22 de octubre de 2013, la parte actora presentó diligencia en la que expuso: “Consignamos los fotostatos del Escrito de pruebas y de la admisión de las mismas a los fines de que de inmediato se certifiquen y se emita el Oficio respectivo a la Medicatura Forense del Cuerpo de Investigaciones científicas (sic) penales (sic) y criminalísticas (CICPC) con sede en la Urbanización Bello Monte (…) para que 3 expertos Médicos Forenses de ese Órgano auxiliar de la Justicia Venezolana (sic) practique examen médico a la Ciudadana: Maytte Cecilia Fagundez Blanco…”
El 25 de octubre del mismo año, el tribunal de la causa emitió oficio N° 13-1038, dirigido al Jefe de la Medicatura Forense del C.I.C.P.C, con el propósito de “…solicitarle su más valiosa colaboración a los fines de que se sirva fijar día y hora para llevar a cabo examen médico forense de la ciudadana MAYTTE CECILIA FAGUNDEZ BLANCO, (…) en los términos expuestos en el escrito de pruebas, cuya copia certificada se le anexa…”
Mediante diligencia de fecha 26 de noviembre de 2013, la representación judicial de la parte actora solicitó se le designe correo especial a los fines de poder retirar el informe o experticia Médico Forense por ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (C.I.C.P.C.), así como una prórroga para la evacuación de la referida prueba de experticia, por cuanto la actora se hizo el examen el 21 de noviembre de 2013 y para la fecha no se tiene listo el informe médico forense, siendo que el 29 del mismo mes y año vence el lapso de evacuación.
Por escrito recibido el 28 de noviembre de 2013, la representación judicial de los ciudadanos Betty Milagros Párraga de Zoghi y Jesús Pereira, denunciaron la forma de evacuar la prueba de experticia ante la medicatura forense, alegando que hubo una “falta de acceso e información a nuestros representados en la Medicatura Forense sobre cuándo, cómo, dónde y quiénes practicarían la experticia…”. Asimismo señaló que “la experticia inusualmente evacuada en este proceso bajo la modalidad de oficiar a la medicatura Forense para su práctica, cercenó el derecho de nuestros representados a designar su experto; a la fijación del día de la prueba, al nombramiento de un experto y finalmente a que tal experticia la realizaran cirujanos plásticos expertos en la materia…” lo que a su decir vulneró su derecho de contradicción y control sobre la prueba, razón por la cual impugnan y desconocen los resultados de la experticia y se oponen finalmente a la prórroga del lapso probatorio.
Sobre lo anterior se pronunció el juez de la causa por auto del 29 de noviembre de 2013, negando la designación de correo especial y concediendo una prórroga de 10 días de despacho al lapso de evacuación de pruebas.
El 16 de diciembre de 2013, el tribunal de la causa recibió oficio N° 129-13118-13, proveniente de la Coordinación de Ciencias Forenses de Bello Monte, del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (C.I.C.P.C.), con las resultas de la prueba practicada.
Ahora bien, llegado el momento de dictar sentencia por el juez de alzada, éste se pronunció en torno al valor probatorio de la prueba en referencia, señalando lo que se transcribe a continuación:

“…Promovió una experticia médico forense y solicitó se oficiara a la Coordinación Nacional de Ciencias Forenses del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas C.I.C.P.C, con el objeto de que uno de los médicos que ahí laboran auxiliares de la justicia Venezolana practicara examen médico a la actora del presente juicio e informara sobre las siguientes circunstancias:

• Si aprecia defectos o deformación en el área areolar de sus senos (ambos lados).

• Si aprecia alguna intervención quirúrgica en el área areolar de ambos senos así como implantes de mamoplastia.

• Si aprecia en la paciente la desaparición de los pezones tanto derecho como izquierdo.

• Si aprecia algún tipo de injerto de piel en el área areolar de los senos (ambos lados).

• Que de su diagnóstico de lo ocurrido en el paciente en su área areolar de ambos senos.

• Que deje registro fotográfico del estado de ambos senos tanto el izquierdo como el derecho y que lo acompañe a su informe.

En este sentido observa este tribunal que dicha prueba de examen médico forense fue admitida por el tribunal, mediante decisión de fecha 18 de julio de 2013 y en fecha 25 de octubre del mismo año libró oficio nº 1038-13 a la División de Medicatura Forense de dicha institución científica policial, siendo recibido el mismo en data 7 de noviembre del mismo año tal y como se evidencia al folio 113 de la segunda pieza del expediente. Ahora bien, de la revisión minuciosa de todos y cada uno de los folios que integran la segunda pieza del referido expediente se observa que se le solicitó a la Institución Científica informara día y hora en el que se le practicaría el examen médico forense a la ciudadana MAYTTE CECILIA FAGUNDEZ BLANCO y se le anexó copia certificada del escrito de pruebas, ello con el objeto de garantizar el derecho a la defensa del no promovente, es decir, los co-demandados de autos para controlar la prueba.

En ese orden de ideas observa este tribunal que cursa 128 de la segunda pieza solicitud de prórroga del lapso de evacuación efectuada por la representación judicial de la parte actora por cuanto en esa fecha (26 de noviembre de 2013) aún no se había realizado el examen médico forense lo cual fue acordado mediante decisión de fecha 29 de noviembre de 2013 y en data 16 de diciembre del mismo año la Coordinación Nacional de Ciencias Forenses del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (C.I.C.P.C) remiten al a quo el examen médico forense practicado en fecha 21 de noviembre de 2013 a la actora de autos, observando esta alzada que dicha institución no cumplió con lo ordenado por este despacho en el sentido de informar día y hora en el que le sería practicado el examen médico forense lo cual a todas luces es contrario al principio de control y contradicción de la prueba el cual forma parte intrínseca del derecho constitucional a la defensa que poseen los co-demandadados, pues a criterio de este sentenciador la misma fue realizada de forma hermética sin la presencia de los apoderados judiciales de los co-demandados, pues de los autos se desprende que de la práctica en comentario sólo tuvo acceso la actora y su representación judicial que dicho sea de paso solicitó fungir como correo especial a los fines de consignar las resultas del mismo ante el Juzgado lo cual está claramente prohibido en el artículo 400 del Código de Procedimiento Civil, cercenándosele de ésta manera su legítimo derecho de controlar la prueba en comentario, aunado al hecho que el Juez recurrido en el auto de admisión de dicha prueba la admite ordenando su práctica por medio de “tres (3) expertos en la materia” lo cual mueve a pensar que la admitió no conforme a un examen médico forense sino como una experticia cuyo procedimiento se encuentra regulado en los artículos 451 al 471 de la norma adjetiva civil los cuales si de ése medio de prueba se trata fueron desaplicados francamente, motivo por el cual invocando la teoría del fruto del árbol envenenado ya que en su desarrollo se alejó del esquema dispositivo legal, lo que la convierte en ilícita, lo que la hace inútil y desechable, lo que la hace subsumible dentro de la teoría de la exclusión por haberse obtenido en contravención a las normas jurídicas por ser irregular y defectuosa. Y así se establece…” (Subrayado de esta Sala)

De la anterior transcripción se desprende que el juez de alzada le negó valor probatorio al informe rendido por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (C.I.C.P.C.) al considerar que se había evacuado de forma irregular y defectuosa, sin el control de la parte no promovente de la prueba y sin que ésta haya podido ejercer los mecanismos de contradicción de la prueba legalmente establecidos, cercenando de tal manera el derecho constitucional a la defensa de los codemandados.

         Ahora bien, observa esta Sala que el informe médico forense emitido por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (C.I.C.P.C.), constituye un documento público administrativo, el cual goza de plena validez, a menos que se pruebe en juicio expresamente lo contrario, y en tal sentido, la doctrina de esta Sala en torno a la validez de los informes médicos emanados de profesionales de la medicina que laboran en instituciones públicas, reflejada entre otros, en su fallo N° 22, de fecha 3 de febrero de 2009, expediente N° 2008-377, caso: Helgo Revith Latuff Díaz y Carmen María Latuff Díaz, contra Wagib Coromoto Latuff Vargas, dispone lo siguiente:

“…Fundamenta su denuncia en el hecho que se trata de informes emanados por médicos que trabajan en hospitales adscritos al Ministerio de Sanidad, los cuales son entes administrativos, y en consecuencia, los documentos suscritos por los funcionarios autorizados para ello tienen la connotación de documentos administrativos.

Sobre este particular el juez superior manifestó lo que sigue:

“e) Informes médicos de: 1) informes del médico radiólogo Francis Partidas; 2) médico neurólogo José Guzman; 3) del médico neuropatologo José Cardozo Duran; de la médico Fanny Chirino; 4) resonancia magnética practicada por la médico Francis Partidas, los cuales no tienen ningún valor probatorio, para demostrar la capacidad absoluta del vendedor, porque era necesario, que dichos médicos fuesen promovidos como testigos e interrogarlos como tales en juicio, para darle eficacia a los informes, documentos privados emanados de terceros ajenos al juicio y no documentos administrativos por más que esas personas trabajaran en instituciones públicas, tal como lo establece el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil y carga no asumida por el demandante y que hubiese permitido a quien suscribe este fallo valorar el alcance de esta prueba, con arreglo a lo establecido en el artículo 508 eiusdem; así se decide”. (Negrillas de esta Sala)

Sobre la naturaleza de los informes médicos emanados por profesionales de la medicina que laboran en instituciones públicas, esta Suprema Corte, en sentencia N° 1215, dictada el 11 de julio de 2007 por la Sala Político Administrativa, caso: Graciela Circelli Jiménez, expediente: 06-766, determinó:

“…Igualmente se observa que el informe médico expedido por el Doctor Rubén Alfonso Lara, residente del Postgrado de Psiquiatría del Instituto de Salud Pública de la Gobernación del Estado Bolívar adscrito al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, la “Hoja de consulta” expedida el 2 de noviembre de 2006 por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, la copia simple de la “Asignación de Servicios” y el certificado psicológico de salud mental expedido por el Licenciado Alfredo Torres, adscrito al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Centro Regional de Rehabilitación Dr. Carlos Fragachán, son documentos emitidos por médicos adscritos al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, instituto autónomo creado por Ley de fecha 24 de julio de 1940, con personalidad jurídica y patrimonio propio, tal como consta de la Ley del Seguro Social publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 1.096 Extraordinario de fecha 6 de abril de 1967, y cuya última modificación fue publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 4.322 Extraordinario, de fecha 3 de octubre de 1991.

Tales documentos no deben ser considerados como documentos privados emitidos por terceros, cuya validez en juicio estaría supeditada a la ratificación que de los mismos se hiciera conforme al artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, sino que deben ser tomados como documentos administrativos, los cuales conforme al criterio jurisprudencial imperante en la materia, son considerados como una tercera categoría documental, intermedia entre los instrumentos públicos y los privados, cuyo contenido se tiene como fidedigno salvo prueba en contrario, resultando aplicable para la valoración de una copia fotostática de los mismos, las reglas que al respecto contiene el artículo 429 del mencionado Código.

De conformidad con lo expuesto, la Sala le otorga valor probatorio a los mencionados documentos, quedando comprobado con los mismos que el ciudadano Ángel Salvador del Valle Circelli Jiménez padece esquizofrenia y alcoholismo y que le fue prestada atención médica desde el 11 de noviembre de 2006 hasta el 14 de febrero de 2007…” (Negrillas de este fallo)

En igual sentido se pronunció la Sala de Casación Social, en sentencia N° 814 del 12 de junio de 2008, caso: Ivonne Inmaculada Camacaro Carrasco c/ Banco de Venezuela, S.A.C.A. Banco Universal, expediente: 07-378, en la que señaló:

“Del extracto de la sentencia recurrida transcrito precedentemente, se evidencia que el juzgador superior, estableció que la demandante padece una enfermedad ocupacional que la incapacita en un sesenta y siete por ciento (67%) para la realización de sus labores y señala que se trata de una incapacidad parcial y permanente, hecho éste que considera demostrado con dos informes médicos emanados de las autoridades competentes, como lo son, la evaluación médico legista, de fecha 27 de agosto del año 2001 y la de la Subcomisión de Evaluación de Invalidez de fecha 04 de octubre del año 2002, que rielan a los folios 207, 208 y 211 del expediente.

Ahora bien, de la revisión de los folios citados en la recurrida, 207 y 208 de la primera pieza del expediente, se observa que se trata de documentos administrativos, en los cuales se solicita la evaluación médica de la accionante y se anexa su informe médico, suscrito por el médico legista, no evidenciándose de ellos el grado de incapacidad para el trabajo sufrido por la actora; no obstante al folio 211 de la misma pieza cursa evaluación de la incapacidad de la ciudadana IVONNE CAMACARO CARRASCO, la cual se encuentra firmada por el Presidente de la Sub-Comisión para la Evaluación de la Invalidez del Hospital “Patrocinio Peñuela Ruíz”, Dirección General de Salud, Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, de la cual se evidencia que la misma sufre una incapacidad para el trabajo del sesenta y siete por ciento (67%).”

De los anteriores criterios jurisprudenciales se desprende que los informes emanados por médicos que laboran en hospitales y entidades públicas, tienen naturaleza de documentos administrativos, toda vez que los mismos emanan de una institución cuya función es la prestación de un servicio público, característica esta que le da el carácter en cuestión.

En relación a los documentos administrativos, esta Sala en sentencia N° 285, de fecha 6 de junio de 2002, caso: Eduardo Saturnino Blanco c/ Abilio Pestana Farías, expediente: 00-957, señaló:

“...la Sala considera oportuno señalar el criterio que la doctrina ha sostenido sobre la tasación que debe dársele a los documentos administrativos, asi (Sic) en decisión Nº 416 de la Sala Político Administrativa de la extinta Cortes Suprema de Justicia, de fecha 8 de julio de 1998, en el juicio de Concetta Serino Olivero c/ Arpigra C.A., expediente Nº 7.995, en cuyo texto se señaló:
…Omissis…
“…Por otro lado, para esta Corte son Documentos Administrativos, aquellos documentos emanados de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus competencias específicas, los cuales constituyen un género de la prueba instrumental, que por referirse a actos administrativos de diversa índole, su contenido tiene el valor de una presunción respecto a su veracidad y legitimidad, en razón del principio de ejecutividad y ejecutoriedad, que le atribuye el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y que por tanto, deben considerarse ciertos hasta prueba en contrario. Estos documentos están dotados de una presunción favorable a la veracidad de lo declarado por el funcionario en el ejercicio de sus funciones, que puede ser destruida por cualquier medio legal. En consecuencia, no es posible una asimilación total entre el documento público y el documento administrativo, porque puede desvirtuarse su certeza por otra prueba pertinente e idónea, y no sólo a través de la tacha de falsedad....”

Tal como claramente se desprende de la doctrina transcrita, los documentos administrativos “...deben considerarse ciertos hasta prueba en contrario...”, porque los mismos “...están dotados de una presunción favorable de veracidad de lo declarado por el funcionario en el ejercicio de sus funciones...”, aun tal presunción “...puede ser destruida por cualquier medio legal...”; mas, dichas instrumentales valoradas como documentos administrativos como lo expuso la Sentenciadora de Alzada y concordó la recurrente, no deben ser ratificados mediante testimonial, lo que deja sin fundamento la presente denuncia, debido a que no es aplicable el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, denunciado, lo cual conlleva a la improcedencia de la presente denuncia. Así se decide.” (Negrillas y subrayado de este fallo).

Por consiguiente, esta Sala de Casación Civil establece que los informes emanados por médicos que laboran para hospitales y entidades públicas, constituyen documentos administrativos, por cuanto dichos profesionales de la medicina actúan como funcionarios públicos en ejercicio de sus competencias específicas y en nombre de una institución que tiene por función la prestación de un servicio público. Al mismo tiempo, esta Sala deja sentado que tales documentos gozan de una presunción de veracidad iuris tantum, es decir, que puede ser desvirtuada por prueba en contrario.

Dicho lo anterior, esta Sala concluye que en efecto el Juzgado Superior infringió los artículos delatados por el hoy formalizante, al suprimirle valor probatorio a los informes médicos traídos a juicio por la parte demandante, basando su decisión en que se trata de documentos privados emanados de terceros ajenos al juicio y que tienen, por tanto, que ser ratificados en él, siendo que en efecto, la naturaleza de estos informes es la de un documento administrativo que goza de presunción legal de veracidad, salvo prueba en contrario.

En consecuencia, esta Sala declara procedente la denuncia formulada por infracción de los artículos 506 del Código de Procedimiento Civil, 1397 del Código Civil y 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por falta de aplicación, así como la violación del artículo 431 del Código de Procedimiento Civil por falsa aplicación. Así se decide.”

Cónsono con todo lo anteriormente expuesto, juzga la Sala, que la conducta del sentenciador de alzada es violatoria del artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, así como de los artículos 26, 49 y 257 del Texto Fundamental, que consagran el derecho inviolable a la defensa y de acceso a las pruebas, y las garantías constitucionales a una tutela judicial efectiva y a una justicia imparcial, idónea, transparente, responsable y equitativa, en la cual el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia, toda vez que con la actuación del juez se menoscabó el derecho a la defensa de la parte demandante, al limitar su derecho a probar, cuando por causas ajenas a ella y bajo el “resguardo de los derechos de la accionada” dejó sin efecto y sin valor jurídico alguno un documento público administrativo, el cual, conforme a la doctrina de esta Sala antes descrita, goza de plena validez y de una presunción de veracidad iuris tantum, es decir, que solo puede ser desvirtuada por prueba en contrario, lo cual no ocurrió en este caso. Así se declara.-
Lo anterior determina un típico caso de desigualdad procesal de las partes que evidencia palmariamente la ruptura del equilibrio procesal, violentando con ello las normas referidas.
En consecuencia, de conformidad con la facultad prevista en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, la Sala casa de oficio el fallo recurrido por haber generado indefensión en la parte demandante recurrente en casación, al restringir su derecho fundamental a probar, a través de la mencionada prueba de experticia. Así se decide.-
Por haberse casado de oficio el presente asunto, la Sala se abstiene de decidir las denuncias contenidas en el escrito de formalización, conforme a lo prescrito en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.-
D E C I S I Ó N
Por las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley: CASA DE OFICIO la sentencia dictada el 26 de mayo de 2015, por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
En consecuencia se declara la NULIDAD de la sentencia recurrida y SE ORDENA al juez superior que resulte competente dicte nueva sentencia en reenvío.
Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.
No ha lugar la condenatoria al pago de las costas procesales del recurso, dada la naturaleza del dispositivo del presente fallo.
Publíquese, regístrese, y remítase este expediente al tribunal superior de origen.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veinticuatro (24) días del mes de mayo de dos mil dieciséis. Años: 206º de la Independencia y 157º de la Federación.
Presidente de la Sala,


_________________________

GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ

 




Vicepresidente,


__________________________________

FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ

 

 

 

Magistrada,


________________________________
MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA

Magistrada,


_______________________________
VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

Magistrado-Ponente,


___________________________
YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES



Secretario,



________________________
CARLOS WILFREDO FUENTES


Exp. AA20-C-2015-000530.

Nota: Publicada en su fecha a las  (    )


Secretario,



martes, mayo 03, 2016

Derecho Médico: Atención afectadas P.I.P. Urgente!: Resultado de la Apelación caso PIP en Francia



Dr: Gilberto Antonio Andrea González
ABOGADO-U.C.A.B.
Apoderado Judicial de ASOMUVENAPIP




Atención afectadas P.I.P. Urgente!: En relación a la Sentencia en comento debo decirles que la misma es producto del JUICIO donde estamos participando de la mano de  Despachos de Abogados Franceses ,debo decirles que efectivamente fué confirmada la Sentencia Condenatoria al Presidente fundador de P.I.P. y sus Directivos lo cuál nos complace porque los Delitos cometidos así lo ameritan, ahora bién una de las determinaciones de esta sentencia es que T.U.V. resultó con el carácter de Victima lo cuál tendrá importantes consecuencias Jurídicas que aclararemos con mayor detalle en próximas fechas,se impuso una Multa de 75.000 Euros a Jean Claude Mas y se ordenó una indemnización que oscila entre 4.000 a 6000 Euros a las victimas por concepto de Daño Moral, sin embargo es aquí donde hay que tener mucho cuidado porque ya la parte que resulto condenada EJERCIO RECURSO DE CASACIÓN lo que quiere decir que debemos esperar ahora el tramite de dicho Recurso todo lo cuál suspende la ejecución de la Sentencia impugnada, para poder acceder a la indemnización debe resolverse favorablemente a las victimas dicho Recurso de Casación ratificando la Sentencia del Superior momento en el cuál tendrá el caracter de Definitivamente firme es entonces cuando se podrá entrar en la etapa de ejecución de la Sentencia, por lo pronto debemos estar complacidos con la última decisión pero debemos estar conscientes de que aun no está firme ya que la misma fué impugnada. Ya nuestros ABOGADOS en Francia nos han enviado copia del RECURSO DE CASACIÓN y en las proximas horas no enviaran la Sentencia para los comentarios de Ley. Felicitaciones a todas hemos superado otra etapa.
Cordiales, Saludos !!!!
Dr: Gilberto Antonio Andrea Gonzalez
ABOGADO UCAB
APODERADO DE ASOMUVENAPIP

lunes, mayo 02, 2016

Derecho Mèdico: Urgente! Atenciòn afectadas P.I.P.-Decisiòn de Apelaciòn en Francia

URGENTE :Atención afectadas P.I.P. Dadas las informaciones aparecidas en torno al Juicio Penal que se adelanta en Francia y visto que algunos comentaristas han comenzado a especular sobre las consecuencias Jurídicas de dicha Sentencia en torno a las indemnizaciones que merecerian las victimas y visto que se han mezclado asuntos relacionados con otros procedimientos legales distintos a este e inclusive ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDADES POR PARTE DEL ESTADO FRANCES al decir de estos comentaristas, he considerado como APODERADO JUDICIAL de la Asociación Nacional de Mujeres Venezolanas portadoras de Protesis P.I.P (ASOMUVENAPIP) con el aval de nuestros asesores legales en Paris hacer un analisis Jurídico de dicha sentencia para poder informar con apego a lo establecido por esa Corte de Apelaciones las verdaderas consecuencias y alcances legales de dicha decisión. Ruego pués esperar a dicho análisis y no hacer caso de falsas interpretaciones que obviamente podrían traer falsas conclusiones.



Cordiales,Saludos!!!

Dr: Gilberto Antonio Andrea González

ABOGADO-UCAB

APODERADO DE ASOMUVENAPIP



miércoles, abril 13, 2016

Derecho Inquilinario: "Declarada Con Lugar Demanda de Desalojo por falta de pago"


REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Duodécimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, veinticinco de febrero de dos mil dieciséis
205º y 157º
ASUNTO : AP31-V-2015-000223
PARTE ACTORA: JUANA ARNABAT SANCHEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-4.769.086.-
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: GILBERTO ANTONIO ANDREA GONZALEZ Y EMILIA DE LEÓN ALONSO DE ANDREA, abogados en ejercicio e inscritos en Inpreabogado bajo los Nrosº 37063 y 35336, respectivamente.-
PARTE DEMANDADA: MARIA ALEJANDRA D’LACOSTE, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-6.917.103, actuando en representación de la empresa CREATICOM, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 17 de marzo de 2006, bajo el Nº 95, Tomo 1283-A.
ABOGADO ASISTENTE: ANGELA JOSEFINA TERAN, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 12.573.-
MOTIVO: DESALOJO
SENTENCIA: DEFINITIVA
I
NARRATIVA
Alega la representación judicial de la parte actora, abogados GILBERTO ANTONIO ANDREA GONZALEZ Y EMILIA DE LEÓN ALONSO DE ANDREA, antes identificado, que su representada es propietaria de un inmueble destinado a vivienda constituido por un apartamento distinguido con el Nº A-6-A del piso 06 del Edificio “A” del Conjunto Residencial Villa Esmeralda, ubicado en la Urbanización La Esmeralda con acceso por la Calle Gamelotal del Municipio Baruta del Estado Miranda; que es el caso ciudadano juez a través de la Resolución número 00743 de fecha 05 de Diciembre de 2.013, se habilitó la vía judicial.-
Es el caso ciudadano Juez que debidamente habilitada la vía judicial por Resolución número 00743 de fecha 05 de Diciembre del 2.013, ocurre ante su competente autoridad para demandar a la ciudadana Maria Alejandra D’Lacoste Nuñez como representante entidad mercantil Creaticom, C.A Sociedad Mercantil Craticom, C.A, por acción de desalojo de un inmueble de su propiedad, ubicado en la Urbanización La Esmeralda con acceso por la calle Gamelotal del Municipio Baruta del Estado Miranda constituido por un apartamento distinguido con el número :A-6-A del piso 06 del Edificio A del Conjunto Residencial Villa Esmeralda Caracas.-
Que el objeto de la presente demanda es la de accionar por Desalojo por falta de pago de canon de arrendamiento de 20 meses vencidos que me adeuda la ciudadana Maria Alejandra D`Lacaste Núñez plenamente identificada en su oportunidad y la solidariamente responsable: Entidad Mercantil Creaticom, C.A, por haber permanecido este viviendo como arrendatario de una apartamento del cuál era arrendador ubicado en: La Urbanización La Esmeralda con acceso por la calle Gamelotal del Municipio Baruta del Estado Miranda, que no ha cancelado el canon de arrendamiento mensual fijado en el contrato de arrendamiento suscrito por ambas partes en la cantidad de Once Mil Quinientos Bolivares (Bs.11.500,00) resultado regulación según resolución número 00078 del 05 de Noviembre de 2013 del Ministerio Del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, en la cantidad de Cuatro Mil Ciento Trece con treinta y seis Céntimos de Bolívares (Bs.4.113,36),que no ha cancelado ni mucho menos la obligación asumida asumida de pagar condominio que muchas veces supera con creces el monto que resulto de la Regulación injusta que sin lugar a dudas es nugatoria de su derecho de propiedad de su derecho de propiedad y el de sus hijos.
Que la duración del inmueble exclusivamente para vivienda familiar de seis (6) meses fijos, cláusula esta que el arrendatario se negó a cumplir se acordó también que el arrendatario le pagaría con toda puntualidad al final de cada mes o dentro de los primeros días siguientes, y que en incumplimiento de esta cláusula daría por vencido el presente contrato, pudiendo yo pedir la inmediata desocupación del inmueble con las consecuencia de daños y perjuicios. Que se dejó constancia que el inmueble fue recibido en buenas condiciones de sanidad y habitabilidad y que de igual forma deberá devolverlo siendo por cuenta del arrendatario el pago de los servicios públicos existente en el inmueble sin lo cual no le será devuelto el depósito de dinero dado en garantía y finalmente se acordó que el incumplimiento por parte del arrendatario de cualquiera de las obligaciones que asume por el contrato dará derecho arrendador
Que son inútiles las gestiones amistosas y extrajudiciales para que el arrendataria Maria Alejandra D´ Lacaste Núñez en representación de la Sociedad mercantil Creaticom,C.A cumpliera con su obligación y por ello proceden a demandar como en efecto demandan a la referida empresa en la persona de la ciudadana Maria Alejandra D´ Lacoste Núñez, para que convenga a ello a Desalojar el inmueble totalmente desocupado libre de bienes y personas objeto del contrato de arrendamiento, sin plazo alguno , en cancelar la cantidad de Ochenta y dos mil sesenta y siete con dos céntimos (bs.82.267,2) , por concepto de cánones de arrendamiento vencidos durante veinte meses, y demanda igualmente daños y perjuicios por la cantidad de Doscientos Mil Bolívares (Bs.200.000,00).-

En fecha 12 de marzo de 2015, se dictó auto mediante el cual se admitió la demanda por los trámites del procedimiento oral, contenida en los artículos 99 y siguientes de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda; ordenándose el emplazamiento de la parte demandada, ciudadana MARIA ALEJANDRA D’LACOSTE, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-6.917.103, actuando en su propio nombre y en representación de la empresa CREATICOM, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 17 de marzo de 2006, bajo el Nº 95, Tomo 1283-A; para que comparezca a las diez de la mañana (10:00 a.m.) del quinto (5to) día de despacho siguiente a que conste en autos su citación, a una audiencia de mediación entre las partes. Se requirieron los fotostatos necesarios, a los fines de librar la compulsa de citación, librándose compulsa en fecha 03-06-2015, que en fecha 08 de junio de 2015 se dictó auto por medio del cual se procedió a subsanar el error material cometido en el auto de admisión.-
En fecha 03 de julio de 2015, compareció ante este Tribunal el ciudadano ANTONIO GUILLEN, en su carácter de Alguacil Adscrito a este Circuito Judicial, y consignó por medio de diligencia, compulsa con su respectiva orden de comparecencia librada a nombre de la Sociedad Mercantil CREATICOM, C.A., en la persona de su representante legal, ciudadana MARIA D LACOSTE, parte demandada en el juicio, por cuanto se trasladó a la dirección señalada en varias oportunidades sin que fuera atendido por persona alguna.-
En fecha 13 de julio de 2015, se libró cartel de citación, a la Sociedad Mercantil CREATICOM, C.A, en la persona de su representante legal, ciudadana MARIA D LACOSTE.-
En fecha 28 de julio de 2015, se recibió diligencia presentada por la ciudadana JUANA ARNABAT SANCHEZ, debidamente asistida por el abogado LUIS FERNANDO MENDOZA BETANCOURT, inscrito en el inpreabogado bajo el Nº 165.654, mediante la cual consignó carteles debidamente publicado en el diario el universal y El Nacional.-
En fecha 12 de agosto de 2015 el secretario dejo constancia de haber cumplido las formalidades exigidas en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil
En fecha 28 de septiembre de 2015, previa solicitud de la parte actora, se dictó auto mediante el cual el Tribunal ordenó librar Boleta de Notificación a la DEFENSORIA NACIONAL EN MATERIA ADMINISTRATIVA, CIVIL E INQUILINARIA, a los fines que se designe Defensor Judicial a la ciudadana MARIA ALEJANDRA D`LACOSTE y a la Entidad Mercantil CREATICOM, C.A., parte demandada en el presente juicio; ello de conformidad con lo establecido en el artículo 97 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas.-
En fecha 03 de julio de 2015, compareció ante este Tribunal la ciudadana VILMA IZARRA ROYERO, en su carácter de Alguacil Adscrita a este Circuito Judicial, y Consignó mediante diligencia, boleta de notificación debidamente sellada y firmada en la Defensoría Pública por una Funcionaria adscrita a dicho Organismo.-
En fecha 15 de octubre de 2015, se dictó auto mediante el cual este Tribunal ordenó agregar a los autos el oficio No URDP-DC-PT-2015-053, de fecha 15 de octubre de 2015, proveniente de la DEFENSA PÚBLICA DELEGACIÓN DE LA UNIDAD REGIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, EXTENSIÓN SEDE CENTRAL, mediante la cual acusa recibo al oficio No 6785-2015, de fecha 30/09/2015, mediante la cual se declara improcedente asistir o representar a personas jurídicas.-

En esa misma fecha 19 de octubre de 2015 el Tribunal dictó auto, designó como Defensor Ad-Litem de la parte demandada al abogado ALFONSO MARTIN BUIZA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 78.345.
En fecha 27 de octubre de 2015, se recibió diligencia presentada por el abogado ALFONSO MARTIN BUIZA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 78.345, mediante la cual aceptó el cargo como defensor ad-litem y juró cumplirlo bien y fielmente.-
En fecha 29 de octubre de 2015, se dictó auto mediante el cual se ordenó el emplazamiento del defensor designado a la parte demandada.
En fecha 06 de noviembre de 2015, se libró compulsa al ciudadano ALFONSO MARTIN BUIZA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 78.345, en su carácter de Defensor Ad-litem de la parte demandada, sociedad mercantil CREATICOM, C.A., en la persona de su representante, ciudadana MARIA ALEJANDRA D'LACOSTE NUÑEZ.-
En fecha 17 de noviembre de 2011, se dictó auto mediante el cual el Tribunal se dejó sin efecto la compulsa de citación librada en fecha 06 de noviembre de 2015, y ordenó librar nueva compulsa dirigida al abogado ALFONSO MARTIN BUIZA, a los fines de que comparezca a las diez de la mañana (10:00 a.m.) del quinto (5º) día de despacho siguiente a la constancia en autos de su citación, para la realización de la audiencia de mediación entre las partes.
En fecha 14 de diciembre de 2015, siendo las 10:00 a.m., oportunidad y hora fijada, para que tenga lugar la audiencia de mediación, el Tribunal en vista de que no se llegó acuerdo alguno, ordeno a la parte demandada que deberá dar contestación a la demanda dentro de los diez (10) días de despacho siguientes al de hoy, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley para la Regulación y Control de los Arrendamientos de Vivienda.-
En fecha 17 de diciembre de 2015, se recibió diligencia presentada por la ciudadana JUANA ARNABAT SANCHEZ, debidamente asistida por el abogado LUIS SABINO, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 203.563, mediante la cual consignó copia simple del Contrato de Arrendamiento.-
En fecha 08 de enero de 2016, se recibió Escrito de Contestación de Demanda, constante de tres (3) folios útiles
Que en fecha 15 de enero de 2016 se recibió escrito de contestación de la demanda, anexo constante de cuatro (4) folios útiles, presentado por la ciudadana María Alejandra D´ Lacoste Núñez, titular de la cédula de identidad Nº V-6.917.103, actuando en su propio nombre y en representación de la empresa mercantil Creaticom C.A, debidamente asistida por la abogada Ángela Terán, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 12.573.-
En fecha 19 de enero de 2016, se dictó auto mediante el cual este Tribunal fijo los hechos controvertidos en el juicio de desalojo, conforme lo establece el artículo 868 del Código de Procedimiento Civil, asimismo se abrió el procedimiento a prueba.-
En fecha 28 de enero de 2016, se recibió escrito de promoción de pruebas, constante de dos (2) folios útiles y tres (3) folios de anexos, presentado por la ciudadana MARIA ALEJANDRA D'LACOSTE, titular de la cédula de identidad Nº 6.917.103, debidamente asistida por la abogada ANGELA JOSEFINA TERAN , inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 12.573.-
En fecha 01 de febrero de 2016, se recibió escrito de promoción de pruebas, constante de tres (3) folios útiles sin anexos, presentado por el abogado LUIS EDUARDO SABINO MARTINEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 203.563, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte actora.-
En fecha 11 de febrero de 2016, se dictó auto mediante el cual se admitieron las pruebas promovidas por la parte actora y demandada y respecto a la exhibición de documentos promovida por la parte demandada, el Tribunal negó la admisión de la misma.-

En fecha 15 de febrero de 2016, se dictó auto mediante se fijo al quinto día de despacho siguiente al de hoy a las diez de la mañana (10:00 a.m)
En fecha 22 de Febrero de 2015, siendo las 10:00 de la mañana, fecha y hora para que tenga lugar la audiencia de juicio se hizo presente en la Sala de Despacho del Tribunal la ciudadana ANABEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ, la ciudadana VICTORIA AGUILAR, Secretaria, y el ciudadano ROGER EDUARDO PEREZ PERNIA, titular de la cédula de identidad V- 24.901.19, en su carácter de Alguacil adscrito a este Circuito Judicial. Se hizo presente al acto la ciudadana JUANA ARNABAT SANCHEZ, parte actora y su apoderado judicial; Así como la ciudadana MARIA ALEJANDRA D'LACOSTE como parte demandada y su apoderado judicial. Seguidamente se comenzó la audiencia, escuchando los alegatos de ambas partes de los hechos controvertidos en el presente juicio. El Tribunal emitió pronunciamiento en el presente juicio y declaró PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda.
De conformidad con el artículo 121 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, este Tribunal procede a la publicación del fallo completo y lo hace en los siguientes términos:
II
DE LAS PRUEBAS
DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE ACTORA:
1.-Resolución Nro.00743 de 05 de Diciembre de 2013 por medio de la cual habilitan la vía judicial.-
2.- Resolución 00078 de fecha 05 de noviembre de 2013 emanada del Ministerio del Poder Popular para vivienda y hábitat, por medio de la cual regulan canon máximo de arrendamiento del inmueble que se encuentra ubicada en calle el gamelotal, conjunto Residencial donde se fijo el canon de arrendamiento en la cantidad de CUATRO MIL CIENTO TRECE BOLÍVARES CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (Bs. 4.113,36).Villa Esmeralda, Edificio A, Piso 6 ato a6a Urbanización la Esmeralda en la cantidad de Cuatro Ciento Trece con treinta y seis con céntimos.-
3.-Documento Constitutivo de la Sociedad Mercantil Creaticom, C.A

DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE DEMANDADA
1.-Carta enviada a la superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda Ana María Rodríguez Montero, en la cual la ciudadana Maria Alejandra D´ Lacoste se inscribió en el Registro Nacional de Vivienda.-
2.-Certificación de fecha 15 de mayo de 2014, en la cual se solicita la apertura en el sistema de arrendamiento de vivienda en linea (Savil).-
3.-Constancia de fecha 25 de julio de 2014, a quien pueda interesar a nombre de maria alejadra D´lacoste Nuñez en representación de la empresa Craaticom, C.A
4.-Acta de Nacimiento de Ivanna

III
MOTIVACION PARA DECIDIR
Este Tribunal en fecha 16 de enero de 2016, dictó auto mediante la cual fijó como hecho controvertido el Desalojo del Inmueble constituido por un apartamento distinguido con el Nº A-6-A, piso 6, Edificio A, del Conjunto Residencial Villa Esmeralda, ubicado en la Urbanización La Esmeralda, Calle Gamelotal, Municipio Baruta, Estado Miranda, por falta de pago de los cánones de arrendamiento adeudados correspondientes a los meses de agosto de 2013 hasta la presente fecha, a razón de un cuatro mil ciento trece bolívares con treinta y seis céntimos (Bs.4.113,36), hecho que quedo controvertido cuando la apoderada judicial de la parte demandada niega que se haya dejado de pagar veinte (20) cánones de arrendamiento, y que una vez expedida la regulación del inmueble ordenada en fecha 05 de noviembre de 2013 por el Ministerio Popular para la vivienda y Hábitat, intentó proceder al pago de los cánones de arrendamiento y que tales fines gestionó e hizo todos los tramites requeridos por ante el organismo nacional competente para hacer el pago correspondiente, por lo que no se considera ni a titulo personal ni en nombre de su representada Creaticon C.A incursa en las causales de Desalojo de los artículos 33 y 34 Literal A de la ley de arrendamiento Inmobiliario, ni en el ordinal 91 Ordinal 1 y 2 de la ley para la Regularización de Vivienda, y que no están obligados al pago de unos presuntos Daños y Perjuicios fundamentados en una falta de pago de Gastos de Condominio que nunca se acordaron ni legal ni contractualmente
Este Tribunal para decidir considera oportuno traer a colación lo establecido en el artículo 91 de la Ley de Regularización y Control de los Arrendamiento de Vivienda el cual establece lo siguiente:
“Artículo 91: Sólo procederá el Desalojo de un Inmueble bajo contrato de arrendamiento cuando la acción se fundamente en cualquiera de las siguientes causales:
Omissis..(…)
1.-En inmuebles destinados a vivienda, que el arrendatario o arrendataria haya dejado de pagar cuatro cánones de arrendamiento sin causa justificada, de acuerdo a los criterios definidos por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, para tal fin.-.-
Del texto de la norma precedente se evidencia claramente los elementos más relevantes exigidos en nuestro ordenamiento civil, para que resulte procedente la acción de desalojo por necesidad, a saber:
a) La existencia de la relación de arrendamiento a través de contrato de arrendamiento
b) La falta de pago de cuatro cánones de arrendamiento
Ahora bien pasa esta sentenciadora a determinar, si en el presente caso se cumplen con todos los requisitos para que prospere la demanda de Desalojo por Falta de Pago y al respecto se observa lo siguiente: Con relación al primero de los elementos en referencia, es decir, la existencia de una relación de arrendamiento se aprecia que la parte demandada al momento de contestar la demanda asistida de Abogado declara que si es cierto que arrendó un inmueble propiedad de la ciudadana Juana Arnabar Sánchez, es por ello que esta sentenciadora tiene por reconocido dicho hecho., cumpliéndose el primer supuesto para la procedencia de la acción de desalojo. Así se decide
En cuanto al segundo de los requisitos este Tribunal se evidencia que la parte actora demanda la falta de pago de los cánones de arrendamiento adeudados correspondientes a los meses de agosto de 2013 hasta la presente fecha, a razón de un cuatro mil ciento trece bolívares con treinta y seis céntimos (Bs.4.113,36), monto que asciende a la cantidad de Ochenta y Dos Mil Doscientos Sesenta y siete con dos céntimos de Bolívares (Bs.82.267,2) este Tribunal aprecia que en la de la Resolución del Ministerio del Poder Popular de Vivienda y habitar Nro. 00078 de fecha 05 de noviembre de 2013 por medio de la cual se resuelve Regular el Canon de Arrendamiento máximo mensual de arrendamiento del inmueble en la cantidad de Cuatro Mil Ciento Trece Con Treinta y Seis Céntimos (Bs. 4.113,36), y toda vez que la representación judicial de la parte demandada no aportó a los autos un medio de prueba que demostrara el pago de los meses demandados es por lo que este Tribunal considera que se encuentra cumplido el segundo de los requisitos, establecidos en la ley de Arrendamiento.- Y Así se decide.-
En cuanto a lo reclamado por concepto de daños y perjuicios en la cantidad de Doscientos Mil Bolívares Con Cero Céntimos (Bs.200.000,) en virtud de que a la fecha no ha pagado los gastos de condominio, este Tribunal establece que toda vez que se evidencia que dicha obligación no corresponde a la arrendataria en virtud que no se comprometió a ello en el contrato de arrendamiento, este Tribunal establece que por ser esta una obligación que corresponde al propietaria del inmueble pagar el condominio del inmueble dado en arrendamiento, motivo por el cual este Tribunal desestima dicho alegato. Y Así se decide.-
IV
DISPOSITIVA DEL FALLO
Por todos los razonamientos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este Juzgado Décimo Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda de Desalojo, incoado por el Ciudadano JUANA ARNABAT SANCHEZ en contra de la SOCIEDAD MERCANTIL CREATICOM.C.A representada en este acto por la ciudadana MARIA ALEJANDRA D´LACOSTE, identificada al inicio del fallo.-
PRIMERO: Se condena a la parte demandada a la Sociedad mercantil Creaticom. C.A en la persona de su representada MARIA ALEJANDRA D´LACOSTE, a que entregue el inmueble propiedad de la parte actora constituido por del Inmueble constituido por un apartamento distinguido con el Nº A-6-A, piso 6, Edificio A, del Conjunto Residencial Villa Esmeralda, ubicado en la Urbanización La Esmeralda, Calle Gamelotal, Municipio Baruta, Estado Miranda.
SEGUNDO: Se condena a la parte demandada a pagar la cantidad de Ochenta y dos Mil Doscientos sesenta y siete, con dos (BS. 82.267,2) por concepto de cánones de arrendamiento vencidos correspondientes a los meses de agosto de 2013 hasta la presente fecha, y los meses que se sigan venciendo hasta la entrega definitiva del inmueble.
TERCERO: Este Tribunal declara improcedente el pago de los daños y perjuicios en la cantidad de Doscientos Mil Bolívares (BS.200.000, 00).
CUARTO: CUARTO: Dada la naturaleza del fallo no hay condenatoria en costas, por cuanto no hubo vencimiento total de la parte demandada, de conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.
REGISTRESE, PUBLIQUESE, Y DÉJESE COPIA.-
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Duodécimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los VEINTICINCO (25) DÍAS DEL MES DE FEBRERO del año dos mil Dieciséis(2016). AÑOS: 205º de la Independencia y 155º 4de la Federación.-
LA JUEZ
DRA. ANABEL GONZÁLEZ GONZALEZ
LA SECRETARIA
ABOG. VICTORIA AGUILAR

martes, febrero 16, 2016

Derecho Constitucional: " “Recurso de Amparo Constitucional para la defensa y protección de intereses colectivos y difusos relacionados con el Derecho a la Educación de los solicitantes y de los Estudiantes Venezolanos razón por la cual denuncian:La violación de los artículos 102 y 103 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”





 
Ciudadanos
Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia
Sala Constitucional
Su despacho.-
             Nosotros,  Dubraska Berenice Márquez Hernández. CI V-13.499.449 ,Angélica María Alonso Castro. CI V-18.552.261, Nieves Graciela Dias Sardinha CI V-13.311.396, Emma Alejandra Morales Herrera CI V-12.638.789 ,Mario Jhonathan Matos Torrealba CI V-13.556.854 ,Iliana Paula Martínez Urdaneta. CI V-16.831.928 Maria Virginia Issa Fonseca CI V-17.970.098,Gina Eriko Vera Zakakivara CI V- 17. 214.188 ,Venezuela Beatriz Della Rocca Alvarez CI V- 13.800.873 ,Ilianna Carolina Salazar Benitez CI V- 15.575.772 ,Patricia José Milano Díaz. CI V- 13.539.353 , Marling Monasterios CI V- 12.418.541 Betsy Ceballos de Monasterios CI V- 3243073  todos Venezolanos, mayores de edad, de profesión ODONTOLOGOS y  “ESTUDIANTES DE POST GRADO EN ORTODONCIA EN LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL” ,debidamente asistidos por el Dr: Gilberto Antonio Andrea González, de Nacionalidad Venezolana, mayor de edad, de éste domicilio, de Profesión ABOGADO en ejercicio debidamente inscrito en el Instituto de Previsión Social del ABOGADO bajo el número: 37.063 y titular de la cédula de identidad número: V-6.873.628 con la venia de estilo , respeto y debido acatamiento ocurrimos ante su competente autoridad a los fines de exponer y solicitar:

 “Recurso  de Amparo Constitucional para la defensa y protección de  intereses colectivos y difusos relacionados con el Derecho a la Educación  de los solicitantes y de los Estudiantes Venezolanos razón por la cual denuncian:La violación de los artículos 102 y 103 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela


PUNTO PREVIO
            Ciudadanos Magistrados  luego de haber cumplido con nuestro deber durante largo periodo de estudio, en los que hemos consolidado los conocimientos necesarios para desarrollarnos como profesionales de bien, con los valores necesarios para el amor y la defensa de la Patria, habiendo culminado una etapa del proceso de enseñanza académica de forma intachable, requerimos el AMPARO a nuestro  Derecho Constitucional a la Educación  establecido en los artículos 102 y 103 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela puesto que CURSAMOS POST GRADO en una Institución de Educación Superior en la República Federativa del Brasil  en el marco de MERCOSUR, -COMUNIDAD DE NACIONES- del cuál nuestro País forma parte activa gracias a PACTO COMUNITARIO que fué aprobado por nuestro Parlamento dicho curso de Post Grado en Ortodoncia  se realizó con la previa a probación  del Estado Venezolano en cuanto a la asignación de Divisas y habiendo concluido nuestros estudios incluida la presentación de la TESIS del Post Grado y siendo el ACTO DE GRADUACIÓN pautado para el día 18 de Diciembre del 2015  inesperadamente y contrario a nuestros Derechos Fundamentales,  se nos informo a través de OFICIO  DIRIGIDO A LA COMPAÑERA Dubraska Berenice Márquez Hernández. CI V-13.499.449 que no nos serían otorgadas las divisas, ARGUMENTADO QUE NO CORRESPONDEN A ESTUDIOS SEMI PRESENCIALES, con lo cual violentan nuestro Derecho a la Educación y nuestro Derecho adquirido al Post Grado en la Patria Grande ,es decir, en MERCOSUR,  ESTA SITUACIÓN POR LA PREMURA DEL CASO DADO QUE NOS GRADUAREMOS EL 18 DICIEMBRE 2015, no puede ser resuelta por ningún otro RECURSO IDONEO que no sea EL AMPARO CONSTITUCIONAL ya que requerimos una CAUTELAR que ORDENE al CENCOEX el otorgamiento de las divisas con carácter de Urgencia dado que nuestra Graduación esta pautada como lo dijimos up supra para el día 18 de Diciembre del 2015,  ya que todo lo anterior afecta directamente el derecho de educación así como el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad no solo el suyo, sino el del resto de los profesionales Venezolanos que están en la misma situación, derechos éstos previstos constitucionalmente en los artículos 102, 103 y 20 de nuestra Constitución Bolivariana, todo lo cual es suficiente razón para que en protección de derechos colectivos y difusos se ordenen medidas inmediatas ante tal vulneración de derechos constitucionales razón por la cual Impetramos Justicia a esta Sala Constitucional.
 HONORABLES MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EN SALA CONSTITUCIONAL NO PUEDE OCURRIR QUE LOS ESTUDIANTES VENEZOLANOS SEAN LIMITADOS EN SU DERECHO CONSTITUCIONAL A LA EDUCACIÓN CUANDO ESTOS HAN CULMINADO CON ÉXITO UN PERIODO ACADEMICO QUE LES OTORGA EL DERECHO A GRADUARSE EN LA CASA DE ESTUDIOS DONDE CURSO SU POST GRADO ESTA SITUACIÓN ES SIN LUGAR ALGUNA DE INTERÉS NACIONAL.
            Se hace necesario citar la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que  establece en el numeral 21 del artículo 25 la competencia de esta Sala para “Conocer las demandas y pretensiones de amparo para la protección de intereses difusos y colectivos cuando la controversia tenga trascendencia nacional, salvo lo que disponen leyes especiales y las pretensiones que, por su naturaleza, corresponda al contencioso de los servicios públicos o al contencioso electoral”. En el caso que nos ocupa hay elementos que hacen presumir la amenaza de los derechos fundamentales a la educación, tanto de los solicitantes como del resto de la población estudiantil venezolana egresada o por egresar del nivel de Post Grado Universitario realizado en el ámbito territorial del MERCOSUR.

LOS HECHOS
             Somos un grupo de 16 odontólogos venezolanos Estudiantes del Post-grado de Ortodoncia de la FACULDADE SETE LAGOAS (FACSETE), DESENVOLVIMENTO DA ODONTOLOGIA CLINICA (ADOCI), número de inscripción 104128, institución ubicada en la CALLE Francisco Antonio de Miranda. 186. Centro, Guarulhos, Sao Paulo, CEP 07090-140, comenzamos académicamente el 15 de enero de 2013 para finalizar el 18 de diciembre de 2015.Se realizó la primera solicitud de divisas en el mes de noviembre de 2012, la cual fue aprobada tanto la matricula como la manutención, aproximadamente en la semana del 25 al 28 de noviembre, A partir de allí cada seis meses se debían introducir las solicitudes sucesivas por cada semestre que se iba a cursar, solicitudes realizadas de manera individual las cuales siempre fueron aprobadas hasta el 4to semestre para todos.A partir del 5to semestre cambio la respuesta a las solicitudes realizadas ante cadivi, solo fueron aprobadas las solicitudes de 9 estudiantes y fueron negadas las de 7 estudiantes. Ya para el sexto semestre solo aprobaron 1 y negaron las 15 solicitudes restantes, el argumento de cadivi sostiene que esta es una especialización de modalidad semi-presencial ya que viajamos a Brasil de manera mensual y no estamos residenciados en Brasil durante estos tres años.Durante estos años de estudio eran introducidos hasta los boletos de ida y vuelta al territorio nacional por solicitud de cadivi y a partir del segundo semestre fueron aprobados solo los días que duraba el viaje.Durante la jornada que realizo cadivi para verificar el uso que se dio a las divisas por los estudiantes también fuimos llamados, para cadivi era conocida nuestra modalidad de estudio ya que el supervisor que nos atendió le hizo esa aclaratoria a uno de los operadores, ‘’ Ellos son el grupo de Brasil, van y vienen’’. Esta modalidad de estudio es del conocimiento de la institución (CENCOEX), ya que desde el inicio del postgrado, fueron aprobadas las solicitudes realizadas ante el organismo, lo cual nos permitió cursar durante cinco semestres y aprobar de manera satisfactoria cada uno de ellos. Esta pretensión puede evidenciar que hemos cursado la Modalidad Presencial desde el inicio de mis estudios, a continuación procedo a citar textualmente de la constancia de modalidad de estudio anexada lo siguiente: De acuerdo a la FACULDADE SETE LAGOAS, Sede ADOCI, se cursa el postgrado Lato-Sensu en ortodoncia, de MANERA PRESENCIAL E INTENSIVA, dé acuerdo con la Portaría del Ministerio de Educación MEC 299/2011, el cual realiza en ADOCI, tiene una duración de seis semestres, durante tres años, allí se imparten clases teórico-prácticas durante siete días , donde el estudiante debe hacer y comparecer ante la universidad para el estudio y atención de pacientes los cuales se realizan en los días viernes y sábado, dicha atención es a pacientes que requieren tratamiento ortodóntico. Recibiendo así la carga académica compactada en bloques continuos e intensivos, retornando a nuestro país, por ser la única manera de garantizar en el periodo de un mes, la evolución de tratamiento en dichos pacientes, corroborando la eficacia y evolución satisfactoria, o, no del tratamiento aplicado, motivo por el cual no justifica nuestra presencia ociosa en el país (Brasil), pudiendo así generar beneficios, salud, experiencia, y buenos tratamientos a los Venezolanos. Es por eso que esta oportunidad queremos hacer del conocimiento de nuestra situación y pedimos que por favor sean asignadas las divisas para poder hacer el pago de la matrícula y recibir nuestro título de especialistas en Ortodoncia, acabamos de hacer la presentación de nuestra tesis, terminamos nuestra carga teórica y práctica de atención al paciente, la universidad nos dejó continuar ya que es de su conocimiento la situación del control de cambio de nuestro país y aunque en los semestres pasados siempre había retraso en dar respuestas a las solicitudes siempre fueron aprobadas por lo cual la universidad imaginó que  en esta oportunidad sería igual.

“SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR PARA GARANTIZAR  EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LOS SOLICITANTES DE AMPARO  CONSTITUCIONAL”
         
                El artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia reconoce en el marco del Capítulo II, “De los procesos ante la Sala Constitucional”, que está inscrito en el Título XI, bajo la denominación “Disposiciones Transitorias”, las potestades cautelares generales que ostenta la Sala Constitucional con ocasión de los procesos jurisdiccionales tramitados en su sede. En igual sentido, el artículo 163 de la misma Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, otorga los más amplios poderes cautelares para que en el caso de demandas de protección de derechos e intereses colectivos y difusos, sean acordadas a solicitud de las partes, o de oficio, las medidas cautelares que se estimen pertinentes, en resguardo de la tutela judicial efectiva.  En el caso que nos ocupa hay elementos que hacen presumir la amenaza de los derechos fundamentales a la educación, tanto de los solicitantes como del resto de la población estudiantil venezolana egresada o por egresar del nivel de Post Grado Universitario realizado en el ámbito territorial del MERCOSUR.
                 Es por lo cual atendiendo al Principio contenido en el artículo 2 de la Constitución  Nacional de la República Bolivariana de Venezuela sabiamente interpretado por esta Sala Constitucional cuando ha sostenido que “… LOS BENEFICIOS DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO NO PUEDEN PERDERSE BAJO CIRCUNSTANCIA ALGUNA…”que en base a nuestro DERECHO CONSTITUCIONAL A LA EDUCACIÓN establecido en los artículos 102 y 103 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que solicitamos de esta máxima interprete de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela que ORDENE mediante MEDIDA CAUTELAR al CENCOEX LIQUIDAR LAS  DIVISAS CORRESPONDIENTES a los estudiantes que recurren en AMPARO CONSTITUCIONAL antes del 18 de Diciembre del 2015 para que puedan cumplir con su última actividad académica el día 18 de Diciembre del año 2.015.
                   Ciudadanos Magistrados la premura justifica el otorgamiento de la Medida aquí solicitada y por ende cumplidos los extremos del FUMUS BONIS IURIS, PERICULUM IN MORA y EL PERICULUM IN DANNI razón por la cual le rogamos el otorgamiento de la misma. HONORABLES MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EN SALA CONSTITUCIONAL NO PUEDE OCURRIR QUE LOS ESTUDIANTES VENEZOLANOS SEAN LIMITADOS EN SU DERECHO CONSTITUCIONAL A LA EDUCACIÓN CUANDO ESTOS HAN CULMINADO CON ÉXITO UN PERIODO ACADEMICO QUE LES OTORGA EL DERECHO A GRADUARSE EN LA CASA DE ESTUDIOS DONDE CURSO SU POST GRADO ESTA SITUACIÓN ES SIN LUGAR ALGUNA DE INTERÉS NACIONAL.
EL DERECHO
                Al respecto la sentencia n.º 3.648 del 19 de diciembre de 2003, la Sala realizó una síntesis basada en las decisiones dictadas en distintas oportunidades, referida a los derechos e intereses colectivos o difusos y en ella, expresó lo siguiente: “(…) cabe recordar que, en sentencia Nº 656, del 30 de junio de 2000, caso: Dilia Parra Guillén, la Sala dispuso -entre otras cosas- que «(e)l Estado así concebido, tiene que dotar a todos los habitantes de mecanismos de control para permitir que ellos mismos tutelen la calidad de vida que desean, como parte de la interacción o desarrollo compartido Estado-Sociedad, por lo que puede afirmarse que estos derechos de control son derechos cívicos, que son parte de la realización de una democracia participativa, tal como lo reconoce el Preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (...)».En dicho fallo se establecen como caracteres resaltantes de los derechos cívicos, los siguientes:1.- Cualquier miembro de la sociedad, con capacidad para obrar en juicio, puede -en principio- actuar en protección de los mismos, al precaver dichos derechos el bien común. 2.- Que actúan como elementos de control de la calidad de la vida comunal, por lo que no pueden confundirse con los derechos subjetivos individuales que buscan la satisfacción personal, ya que su razón de existencia es el beneficio del común, y lo que se persigue con ellos es lograr que la calidad de la vida sea óptima. Esto no quiere decir que en un momento determinado un derecho subjetivo personal no pueda, a su vez, coincidir con un derecho destinado al beneficio común.3.- El contenido de estos derechos gira alrededor de prestaciones, exigibles bien al Estado o a los particulares, que deben favorecer a toda la sociedad, sin distingos de edad, sexo, raza, religión, o discriminación alguna. Entre estos derechos cívicos, ya ha apuntado la Sala, se encuentran los derechos e intereses difusos o colectivos, a que hace referencia el artículo 26 de la vigente Constitución, y respecto a los cuales en distintas oportunidades se ha pronunciado (ver, entre otras, sentencias números 483/2000, caso: Cofavic y Queremos Elegir; 656/2000, caso: Dilia Parra; 770/2001, caso: Defensoría del Pueblo; 1571/2001, caso: Deudores Hipotecarios; 1321/2002, caso: Máximo Fébres y Nelson Chitty La Roche; 1594/2002, caso: Alfredo García Deffendini y otros; 1595/2002, caso: Colegio de Médicos del Distrito Metropolitano de Caracas; 2354/2002, caso: Carlos Humberto Tablante Hidalgo; 2347/2002, caso: Henrique Capriles Radonski; 2634/2002, caso: Defensoría del Pueblo; 3342/2002 y 2/2003, caso: Felíx Rodríguez; 225/2003, caso: César Pérez Vivas y Kenic Navarro; 379/2003, caso: Mireya Ripanti y otros; y 1924/2003, caso: O.N.S.A.). Conforme la doctrina contenida en tales fallos, los principales caracteres de esta clase de derechos, pueden resumirse de la siguiente manera:DERECHOS O INTERESES DIFUSOS: se refieren a un bien que atañe a todo el mundo (pluralidad de sujetos), esto es, a personas que -en principio- no conforman un sector poblacional identificable e individualizado, y que sin vínculo jurídico entre ellos, se ven lesionados o amenazados de lesión. Los derechos o intereses difusos se fundan en hechos genéricos, contingentes, accidentales o mutantes que afectan a un número indeterminado de personas y que emanan de sujetos que deben una prestación genérica o indeterminada, en cuanto a los posibles beneficiarios de la actividad de la cual deriva tal asistencia, como ocurre en el caso de los derechos positivos como el derecho a la salud, a la educación o a la obtención de una vivienda digna, protegidos por la Constitución y por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. DERECHOS O INTERESES COLECTIVOS: están referidos a un sector poblacional determinado (aunque no cuantificado) e identificable, aunque individualmente, de modo que dentro del conjunto de personas existe o puede existir un vínculo jurídico que los une entre ellos. Su lesión se localiza concretamente en un grupo, determinable como tal, como serían a grupos profesionales, a grupos de vecinos, a los gremios, a los habitantes de un área determinada, etcétera. Los derechos colectivos deben distinguirse de los derechos de las personas colectivas, ya que estos últimos son análogos a los derechos individuales, pues no se refieren a una agrupación de individuos sino a la persona jurídica o moral a quien se atribuyan los derechos. Mientras las personas jurídicas actúan por organicidad, las agrupaciones de individuos que tienen un interés colectivo obran por representación, aun en el caso de que ésta sea ejercida por un grupo de personas, pues el carácter colectivo de los derechos cuya tutela se invoca siempre excede al interés de aquél.… omissis…LEGITIMACIÓN PARA INCOAR UNA ACCIÓN POR INTERESES DIFUSOS: no se requiere que se tenga un vínculo establecido previamente con el ofensor, pero sí que se actúe como miembro de la sociedad, o de sus categorías generales (consumidores, usuarios, etc.) y que invoque su derecho o interés compartido con la ciudadanía, porque participa con ella de la situación fáctica lesionada por el incumplimiento o desmejora de los Derechos Fundamentales que atañen a todos, y que genera un derecho subjetivo comunal, que a pesar de ser indivisible, es accionable por cualquiera que se encuentre dentro de la situación infringida. La acción (sea de amparo o específica) para la protección de estos intereses la tiene tanto la Defensoría del Pueblo (siendo este organismo el que podría solicitar una indemnización de ser procedente) dentro de sus atribuciones, como toda persona domiciliada en el país, salvo las excepciones legales.LEGITIMACIÓN PARA INCOAR UNA ACCIÓN POR INTERESES Y DERECHOS COLECTIVOS: quien incoa la demanda con base a derechos o intereses colectivos, debe hacerlo en su condición de miembro o vinculado al grupo o sector lesionado, y que por ello sufre la lesión conjuntamente con los demás, por lo que por esta vía asume un interés que le es propio y le da derecho de reclamar el cese de la lesión para sí y para los demás, con quienes comparte el derecho o el interés. La acción en protección de los intereses colectivos, además de la Defensoría del Pueblo, la tiene cualquier miembro del grupo o sector que se identifique como componente de esa colectividad específica y actúa en defensa del colectivo, de manera que los derechos colectivos implican, obviamente, la existencia de sujetos colectivos, como las naciones, los pueblos, las sociedades anónimas, los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones, los gremios, pero también minorías étnicas, religiosas o de género que, pese a tener una específica estructura organizacional, social o cultural, pueden no ser personas jurídicas o morales en el sentido reconocido por el derecho positivo, e inclusive simples individuos organizados en procura de preservar el bien común de quienes se encuentran en idéntica situación derivado del disfrute de tales derechos colectivos (…)” (Mayúsculas del original).
“DOCUMENTOS FUNDAMENTALES DE LA SOLICITUD DE AMPARO A INTERESES COLECTIVOS Y DIFUSOS RELACIONADOS CON EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LOS SOLICITANTES”

               A los fines legales consiguientes acompañamos marcados 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 y 19 Documentales de la Ciudadana: Dubraska Berenice Márquez Hernández. CI V-13.499.449, de la misma manera y a los mismos fines acompañamos marcados 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 y 14 Documentales de la Ciudadana: Angélica María Alonso Castro. CI V-18.552.261, de la misma manera y a los mismos fines acompañamos marcados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18,19,20,21,22 y 23  de la Ciudadana Patricia José Milano Díaz. CI V- 13.539.353, de la misma manera y a los mismos fines acompañamos marcados 1,2,3,4,5,6 y 7 de la Ciudadana: Gina Eriko Vera Zakakivara CI V- 17. 214.188, de la misma manera y a los mismos fines acompañamos marcados 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 y 17 de la Ciudadana: Nieves Graciela Dias Sardinha CI V-13.311.396, de la misma manera y a los mismos fines acompañamos marcados

PETITORIO

               Ciudadanos Magistrados de esta Sala Constitucional ante la amenaza de Violación de nuestro Derecho a la Educación establecido en los artículos 102 y 103 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y dado que el día 18 de Diciembre del año 2015 se celebrará en la República Federativa del Brasil nuestra Graduación como Especialistas en Ortodoncia siendo necesaria nuestra presencia para recibir el conferimiento del título correspondiente a Especialista y dado que a pesar de que CENCOEX aprobó las divisas correspondientes durante la ejecución del Post Grado Up supra señalado ante la NEGATIVA DE OTORGAMIENTO DE DIVISAS PARA CUMPLIR NUESTRO ÚLTIMO ACTO ACADEMICO solicitamos que el presente AMPARO A LA EDUCACIÓN SEA DECLARADO CON LUGAR Y QUE SE ORDENE AL AGRAVIANTE EN ESTE CASO EL CENCOEX A OTORGAR LAS DIVISAS CORRESPONDIENTES A LA CULMINACIÓN ACADEMICA DEL POST GRADO CURSADO POR LOS SOLICITANTES.  Es Justicia que solicitamos y esperamos a la fecha de su presentación. Fiat Iustitia et Rua Caelum.