viernes, mayo 29, 2015

Derecho Médico Laboral: Sentencia que Declara Con Lugar demanda por motivo de enfermedad laboral


REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal (9°) Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, veintidós (22) de abril de dos mil quince (2015)
204º y 156º


ASUNTO: AP21-L-2014-002558

PARTE ACTORA: RODOLFO EUGENIO PUENTES, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V- 14.249.863.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: GILBERTO ANTONIO ANDREA GONZALEZ y EMILIA DE LEON ALONSO DE ANDREA, abogados en ejercicio e inscritos en el IPSA bajo los Nos 37.063 y 35.336 respectivamente.

PARTE DEMANDADA: REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA POR ORGANO DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA VIVIENDA y HABITAT

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: NO ACREDITO

MOTIVO: ENFERMEDAD OCUPACIONAL


CAPITULO I
ANTECEDENTES

Se inició el presente procedimiento por demanda interpuesta en fecha 23 de septiembre de 2014, ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial de Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, por el ciudadano RODOLFO EUGENIO PUENTES contra la República por órgano del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA VIVIENDA y HABITAD por concepto de ENFERMEDAD OCUPACIONAL.

Estando en el lapso de cinco (05) días hábiles siguientes al pronunciamiento oral de la sentencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, este Tribunal pasa a reproducir el fallo en los siguientes términos:
CAPÍTULO II
DE LOS ALEGATOS

La representación judicial de la parte actora señala en su escrito libelar que el ciudadano Rodolfo Eugenio Puentes labora para la demandada Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Habitad, desempeñando el cargo de chofer, devengando un salario diario integral por la cantidad de Bs. 296,81, ahora bien de acuerdo a la certificación 00085-14 de fecha 17/06/2014, padece de una enfermedad ocupacional, que se trata de: una Hernia Discal Lumbar L5-S1,(Código CIE10: M50), considerada como Enfermedad Ocupacional contraída con ocasión del Trabajo, que le ocasiona al trabajador una Discapacidad Parcial Permanente, , según articulo 78 y 80 de la LOCYMAT, determinándose por aplicación del Baremo Nacional para la Asignación de Porcentaje de Discapacidad por Enfermedades Ocupacionales y Accidentes de Trabajo un porcentaje por Discapacidad de 52%, con limitación para levantamiento de cargas superiores a 5Kgs, subir y bajar escaleras repetitivamente, evitar las posturas de bipedestación y sedestación prolongada, evitar movimientos repetitivos de rotación y flexo extensión del tronco, halar y empujar cargas. Así mismo cabe señalar que ingreso a la empresa totalmente sano, siendo que la empresa demandada nunca practico examen pre-empleo alguno, ahora bien dado que su padecimiento esta debidamente certificado, es por lo que acude a demandar como efecto lo hace a la empresa antes identificada, para que lo indemnice por motivo de Enfermedad Laboral y que por vía de consecuencia le indemnice por Daño Moral en virtud de que as graves condiciones de higiene y seguridad industrial a las que ha sido expuesto han afectado tanto su salud y vida todo lo cual constituye el hecho generador de dicha petitio doloris.

Por las razones antes expuestas, se demanda en este acto, al Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Habitad por los conceptos y montos siguientes:

• Indemnización por la Enfermedad Laboral (1.333 días X 296,81 ultimo salario integral) por la cantidad de Bs. 395.647,73.
• Pago de Daño moral por la cantidad de Bs. 1.000.000,00.

Finalmente estima la presente demanda por la cantidad de Bs. 1.395.647,73.

La demandada no presente escrito de contestación.

ALEGATOS EN LA AUDIENCIA

La representación judicial de la parte actora durante la celebración de la audiencia oral de juicio reprodujo todos los alegatos y conceptos demandados en el libelo de la demanda. Asimismo, indicó que el trabajador está activo, y por tal motivo es que no se incluye en la demanda el pago de prestaciones sociales, por el contrario, se demanda la indemnización por la Enfermedad Laboral y daño moral. Indica que aun realiza las labores del cargo de chofer, pero que se ha mantenido de reposo hasta que la empresa le hizo un llamado a que se presentara a realizar sus labores, a los el trabajador indicó que estaba dispuesto, pero que se debían cumplir con el informe de INPSASEL, donde se indica el cambo de tarea, que ya no podía ejercer el cargo que venía desempeñando, sino que debía ejercer labores de oficina o con fuerzas de menores para la protección de su salud.

La parte demandada no asistió ni por sí ni por un apoderado judicial de la parte demandada.
CAPÍTULO III
DE LOS LÍMITES DE LA CONTROVERSIA

En el presente asunto la parte demandada no asistió a la audiencia preliminar ni a la de juicio, ni contestó la demanda. No obstante, no se tiene por confesa pues se entiende contradicha la demanda de conformidad con el artículo 68 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

La controversia en el presente juicio se limita en determinar si corresponde o no el pago de la Indemnización por la Enfermedad Laboral, contenida en el artículo 130 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, y asimismo determinar la procedencia del daño moral solicitado, todo ello tomando en consideración los alegatos y las probanzas de las partes.

CAPÍTULO IV
DEL ANÁLISIS PROBATORIO

De acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, este tribunal procede a analizar los elementos probatorios del juicio de conformidad con las reglas de la sana crítica.

Sobre la sana crítica cabe citar la sentencia No. 665 del 17 de junio de 2004 de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, la cual establece:

“La sana crítica en la apreciación de las pruebas, a que se refiere el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, conforme a la opinión unánime de la doctrina, implica su examen y valoración razonada en forma lógica y atenida a las máximas de la experiencia, en atención a las circunstancias específicas de cada situación y a la concordancia entre sí de los diversos medios probatorios aportados a los autos, de modo que puedan producir la certeza en el Juez respecto de los puntos controvertidos, como señala el artículo 69 de esa misma Ley.”

Pruebas promovida por la parte actora:
Documentales:
-Inserta a los folios desde el cinco (05) hasta el cincuenta y dos (52) del presente asunto, cursan copias certificadas del expediente administrativo llevado por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, donde se observa la Certificación de la Enfermedad Ocupación que le ocasiona al trabajados Discapacidad Parcial Permanente. En tal sentido, este Juzgado le otorga valor probatorio de conformidad con el artículo 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.

CAPÍTULO V
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Establecido lo anterior, y visto la manera como quedó trabada la litis, los alegatos de la audiencia, y las pruebas este Juzgado pasa emitir pronunciamiento en los siguientes términos:

En cuanto a la indemnización prevista en el artículo 130 de la LOPCYMAT

Analizadas las pruebas que rielan en autos, muy especialmente el informe de la Investigación del origen de la enfermedad sustanciada por el INPSASEL con ocasión de la investigación del origen de la enfermedad alegada, este Juzgado constata que efectivamente la accionante padece de una enfermedad que es de origen ocupacional, imputable a la acción de agentes disergonómicos, según lo establece el artículo 70 de la LOPCYMAT (véase certificación folio 38). En el informe complementario de investigación del origen de la enfermedad el órgano administrativo llegó a la siguiente conclusión: Que la permanencia del trabajador de 6 años y 5 meses aproximadamente en puestos de trabajos donde existen procesos peligrosos para adquirir o agravar lesiones músculo esqueléticos realizando los movimiento repetitivos de: 1. Flexión y extensión del tronco y cuello el 90% de la jornada de trabajado con carga y mantenida la flexión en caso de que la actividad amerite la flexión. 2. Flexión y extensión de miembros inferiores piernas, subir escaleras con carga (enseres domésticos). 3.Levantamiento de carga (enseres domésticos). 4.Movimientos repetitivos de miembros superiores manos en aducción y abducción para el momento de realizar las actividades de manejo. 6. Expuestos a vibraciones propias por el vehículo manejado y sedestación prolongada a una exposición de 2 a 12 horas de manejos. Y por tanto conforme a lo establecido en el artículo 70 de la LOPCYMAT se trata de un estado patológico con ocasión del trabajo en que el trabajador se encontraba obligado a realizar, y que el INPSASEL certificó como: Hernia Discal Lumbar L5-S1, (Código CIE10: M50), considerada como Enfermedad Ocupacional Contraída con ocasión del Trabajo, que le ocasiona al trabajador, una Discapacidad Parcial Permanente, según el artículo 78 y artículo 80 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, determinándose por aplicación del Baremo Nacional para la Asignación de Porcentaje de Discapacidad por Enfermedades Ocupaciones y Accidentes de Trabajo y porcentaje por Discapacidad de un 52%, con limitación para levantamiento de cargas superiores a 5Kgs, subir y bajar escaleras repetitivamente, evitar las posturas de bipedestación y sedestación prolongada, evitar movimientos repetitivos de rotación y flexo extensión de tronco, halar y empujar cargas (ver folio 39).

Realizó Informe Pericial para el Cálculo de Indemnización (folio 41 y 42), donde se evidencia la categoría del daño certificado por el INPSASEL y el monto mínimo fijado en Bs. 395.647,73 de conformidad con el artículo 130, numeral 4, de la Ley Orgánica de Prevención Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, en base a un salario integral Diario por el número de días continuos, siendo este de Bs. 296,81 salario integral diario x 1333 días. Cabe indicar que la disposición contenida en el referido artículo 130, numeral 4 establece como mínimo el salario correspondiente a 2 años y como máximo 5 años.

Ahora bien visto que la disposición contenida en el artículo 130 de la de Prevención Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo establece que para determinar la indemnización debe tomarse en cuenta la gravedad de la falta en la observancia de normas de seguridad e higiene, y de la lesión, esta Juzgadora observa que existe responsabilidad patronal pues según el informe de INPSASEL, existe incumplimiento por parte de la entidad de trabajo, pues se observa del referido informe la inexistencia de la formación y capacitación del trabajador en materia de seguridad y salud laboral, incumpliendo así lo establecido en el artículo 56 numeral 3 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, en concordancia con el artículo 53 numeral 2 eiusdem. Se constató inexistencia de evaluación médica pre-empleo. Existe incumplimiento en cuanto a la información sobre los riesgos, pues se evidencia del informe en mención, lo cual no fue desvirtuado en el presente caso, que la entidad de trabajo no cumplió con lo antes indicado, obligación ésta que se encuentra contenida en el artículo 53 numeral 1 de la mencionada ley. Adicionalmente, se observa la inexistencia de la descripción de los cargos y constancia de recepción y entrega de equipos de protección personal, incumpliendo así con lo contenido el en artículo 53 numeral 4 de la ley en referencia. De allí que este Juzgadora considerando el análisis anterior y el grado de discapacidad, que una vez realizado el procedimiento legalmente establecido, fue determinado por el órgano administrativo competente, por lo que es improcedente lo alegada por la demandada, como sería que no se trata de una enfermedad ocupacional, máxime cuando la misma fue certificada por el órgano competente y declarada como enfermedad ocupacional al INPSASEL según lo ordenado por ese organismo administrativo.

Por lo expuesto y en razón a la certificación o informe mediante el cual el INPSASEL, calificó la enfermedad conforme a lo establecido en el artículo 70 de la LOPCYMAT como un estado patológico con ocasión del trabajo en que el trabajador se encontraba obligado a trabajar, y que el INPSASEL certificó como: Hernia Discal Lumbar L5-S1, (Código CIE10: M50), considerada como Enfermedad Ocupacional Contraída con ocasión del Trabajo, que le ocasiona al trabajador, una Discapacidad Parcial Permanente, según el artículo 78 y artículo 80 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, determinándose por aplicación del Baremo Nacional para la Asignación de Porcentaje de Discapacidad por Enfermedades Ocupaciones y Accidentes de Trabajo y porcentaje por Discapacidad de un 52%, con limitación para levantamiento de cargas superiores a 5Kgs, subir y bajar escaleras repetitivamente, evitar las posturas de bipedestación y sedestación prolongada, evitar movimientos repetitivos de rotación y flexo extensión de tronco, halar y empujar cargas, esta sentenciadora estima procedente en derecho la indemnización del numeral 4º del mencionado art. 130 LOPCYMAT que trata del “salario correspondiente a no menos de dos (2) años ni más de cinco (5) años, contados por días continuos”, y pasa a fijar el monto de la indemnización:

En consecuencia, se ordena a la entidad de trabajo demandada pagar la trabajadora la cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 73/100 BOLIVARES (Bs. 395.647,73 ) por la indemnización prevista en el artículo 130, numeral 4, de la Ley Orgánica de Prevención Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo. Así se decide.-


En cuanto a la Indemnización por daño moral, a que se refiere el artículo 1.196 Código Civil., este Juzgado comparte el criterio de la Sala Social en la sentencia N° 204 del TSJ de fecha 13/02/2007, en el juicio seguido por Héctor O. Perdomo contra Dell Acqua c.a. :

“Al respecto, observa la Sala que de acuerdo con la reiterada doctrina jurisprudencial establecida sobre la responsabilidad objetiva del patrono en casos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, aún cuando no sea posible establecer que los daños experimentados en la salud o integridad física de los laborantes, esté ligada causalmente a una conducta culposa o dolosa del empleador, éste queda obligado a indemnizar los perjuicios sufridos con ocasión de la prestación de servicios, en virtud de que el daño -lesiones derivadas de accidente o enfermedad profesional- constituye la materialización de un riesgo introducido por el empresario en el tráfico jurídico mediante la explotación de una actividad económica que le reporta un lucro.

Es en virtud de la satisfacción de este interés particular del empresario y de la correlativa creación de riesgos sociales derivada de la actividad económica que realiza, así como de la extrema dificultad de probar el elemento subjetivo que fundamenta la noción clásica de responsabilidad civil por daños -fundamentada en la existencia de la culpa en sentido amplio-, que la doctrina, la legislación y la jurisprudencia se ha visto en la necesidad de establecer una imputabilidad a priori de los daños sufridos por el trabajador durante la prestación del servicio, reconociendo una responsabilidad objetiva del patrono que hace nacer en su patrimonio una obligación indemnizatoria sin necesidad de establecer el vínculo causal entre su conducta culposa o dolosa y la producción del daño”.

De seguidas esta sentenciadora pasa a estimar el daño moral, tomando en cuenta los aspectos establecidos en la sentencia Nro. 144 de la Sala Social del TSJ de fecha 07/03/2002, en el juicio seguido por José F. Tesorero Yánez contra Hilados Flexilón s.a.:
• Entidad (importancia) del daño tanto físico como psíquico (la llamada escala de sufrimientos morales). Se observa que el demandante sufre una enfermedad ocupacional que le produjo una discapacidad Parcial Permanente, determinándose por aplicación del Baremo Nacional para la Asignación de Porcentaje de Discapacidad por Enfermedades Ocupaciones y Accidentes de Trabajo y porcentaje por Discapacidad de un 52%, con limitación para levantamiento de cargas superiores a 5Kgs, subir y bajar escaleras repetitivamente, evitar las posturas de bipedestación y sedestación prolongada, evitar movimientos repetitivos de rotación y flexo extensión de tronco, halar y empujar cargas.
• Grado de culpabilidad del accionado o su participación en el accidente o acto ilícito (según sea responsabilidad objetiva o subjetiva). En relación a este aspecto por cuanto existen los incumplimientos indicados en el informe de investigación del origen de la enfermedad, tales como son: la inexistencia de la formación y capacitación del trabajador en materia de seguridad y salud laboral, incumpliendo así lo establecido en el artículo 56 numeral 3 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, en concordancia con el artículo 53 numeral 2 eiusdem. Se constató inexistencia de evaluación médica pre-empleo. Existe incumplimiento en cuanto a la información sobre los riesgos, pues se evidencia del informe en mención, lo cual no fue desvirtuado en el presente caso, que la entidad de trabajo no cumplió con lo antes indicado, obligación ésta que se encuentra contenida en el artículo 53 numeral 1 de la mencionada ley. Adicionalmente, se observa la inexistencia de la descripción de los cargos y constancia de recepción y entrega de equipos de protección personal, incumpliendo así con lo contenido el en artículo 53 numeral 4 de la ley en referencia Asimismo, se observan incumplimientos en cuanto a la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: Inexistencia del delegado de prevención; recomendando el organismo administrativo al Ministerio, facilitar el tiempo medio y espacio para que los trabajadores se organicen para tal fin, de inexistencia de Comité de Seguridad y Salud Labora, del Programa de Seguridad y Salud laboral y del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Además, los privilegios y prerrogativas de la República a que se contrae el artículo 68 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en concordancia con el artículo 12 de la Ley Orgánica Procesal Trabajo, hace que se tenga contradicha la demanda. No obstante, visto que el actor demostró con el expediente administrativo llevado ante el INPSASEL la existencia de una enfermedad ocupacional y los incumplimientos en materia de higiene y seguridad en el trabajo. No existiendo en las actas procesales prueba alguna que desvirtúe lo indicado por el Inspector del INPSASEL, órgano administrativo competente.

• Conducta de la víctima. No se observa alguna conducta de la víctima que hubiese podido agravar la enfermedad.

• Posición social y económica del reclamante. Se evidencia en autos que ocupaba el cargo de Chofer y para el mes anterior a la certificación de la enfermedad devengaba un salario diario integral de Bs. 296,81.

• Las posibles atenuantes a favor del responsable. Se observa que la demandada es la República por órgano del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, por lo que goza de privilegios y prerrogativas de conformidad con el artículo 65 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica, en concordancia con el artículo 12 de la Ley Orgánica Procesa Trabajo.-

• Referencias pecuniarias estimadas por el juez para tasar la indemnización que considera equitativa y justa para el caso concreto, esta Juzgadora toma en consideración que la demandada según se desprende de autos es la República por órgano del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Habita, por lo que, lo aquí condenado afectará el presupuesto nacional, y aunado a ello, los privilegios y prerrogativas de los cuales goza, de conformidad con lo establecido en los artículos supra mencionados.


En consecuencia, este Juzgado declara conforme a derecho la pretensión del accionante en cuanto al daño moral, y extiende a la reparación del daño moral con base al artículo 1.196 en la cantidad de SESENTA MIL CON 00/100 BOLIVARES( Bs. 60.000,00) Así se decide.


Por lo expuesto en el presente fallo, se condena a la entidad de trabajo, es decir la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA por órgano del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA VIVIENDA Y HABITAt a cancelar las sumas ordenadas a pagar en el presente fallo, además la indexación de la siguiente manera:

Se acuerda la corrección monetaria de la indemnización previstas en el 130 LOPCYMAT de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, calculada a partir de la fecha de notificación de la entidad de trabajo hasta que la sentencia quede definitivamente firme, excluyendo de dicho cálculo los lapsos sobre los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor.

Conforme a las pautas establecidas en la sentencia Nº 161 de la Sala de Casación Social del TSJ 02/03/2009, en el juicio incoado por Rosario Vicenzo Pisciotta Figueroa contra Minería M.S., se ordena la corrección monetaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República aplicable a la cantidad condenada a pagar por daño moral, desde la fecha de publicación de esta sentencia hasta el pago efectivo, excluyendo de dicho cálculo los lapsos sobre los cuales la causa haya estado paralizada por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor, o por receso judicial.

En caso de no cumplimiento voluntario de la sentencia, el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo competente, aplicará lo preceptuado en el artículo 185 Ley Orgánica Procesa Trabajo. Así se decide.

Finalmente se deja establecido que para los cálculos de la corrección monetaria de la forma condenada en el presente fallo, se aplicará el “Reglamento del Procedimiento Electrónico para la solicitud de datos al Banco Central de Venezuela”, publicado en la Gaceta Oficial de la República Nro. 40.616, de fecha 09 de marzo de 20115, conforme a sus artículos 2 y 11 y la Disposición Transitoria Segunda, en su último aparte. Por lo que deberá ser realizada por el Banco Central de Venezuela, a través de experticia institucional hasta tanto se efectúe la capacitación y definitiva aplicación del Módulo de Información, Estadística Financiera y Cálculo, y una vez aplicado definitivamente este Módulo, los cálculos de la indexación bajo los parámetros aquí establecidos corresponderá al Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución.


CAPÍTULO VI
DISPOSITIVO

Por todos los razonamientos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este JUZGADO NOVENO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÀREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley PRIMERO: CON LUGAR la demanda por Enfermedad Ocupacional interpuesta por el ciudadano RODOLFO ANTONIO EUGENIO PUENTES contra de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA por órgano del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA VIVIENDA Y HABITAT. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas dada las prerrogativas que posee la demandada.

PUBLIQUESE, REGISTRESE y DEJESE COPIA.

Dado, sellado y firmado en la Sala de Despacho del TRIBUNAL NOVENO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS. En Caracas, a los veintidós (22) días del mes de abril de dos mil quince (2015). Años 204º y 156°.

LA JUEZA
ABG. OLGA ROMERO


EL SECRETARIO
ABG. RAFAEL FLORES



NOTA: En horas de despacho del día de hoy, se dictó, publicó y diarizó la anterior sentencia.


EL SECRETARIO



ASUNTO: AP21-L-2014-002558

miércoles, mayo 13, 2015

Derecho Mèdico Laboral: Caso de Demanda por motivo de enfermedad laboral - Homologaciòn de Transacciòn


REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL NUEVO RÉGIMEN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA CON SEDE EN LOS TEQUES
Los Teques veintiseis (26) de mayo de 2014
204° y 155°

PARTE ACTORA: Ciudadana JUANA ALICIA ADRIAN MÉNDEZ, venezolana mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad V-8.682.225.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: Abogado GERMÁN LUIS CORONADO GONZÁLEZ titular de la Cédula de Identidad V- 5.703.889 inscrito en el Inpreabogado Nº 54.566.
PARTE DEMANDADA: Conjunto Residencial y Comercial Guaicaipuro, Torres Ay B, cuyo documento de Condominio se encuentra inscrito en la Oficina de Registro Publico del Municipio Guaicaipuro del Estado Bolivariano de Miranda, bajo el Nº 37, Protocolo Primero, Tomo 5, Folios 252 al 266 de fecha 28 de enero de 1982.
REPRESENTACIÓN DE LA DEMANDADA: Abogado LUIS ALBERTO ASCANIO BELANDRIA, titular de la Cédula de Identidad V-13.476.977, e inscrito en el Inpreabogado Nº 103.504.
MOTIVO: Prestaciones Sociales e Indemnización por Enfermedad Ocupacional

AUDIENCIA PRELIMINAR
PROLONGACIÓN
MEDIADA


En horas de despacho del día de hoy, 26 de mayo de 2014, siendo las 10:00 a.m., día y hora fijado para la celebración de la prolongación de la AUDIENCIA PRELIMINAR, en el presente procedimiento contentivo de demanda por Prestaciones Sociales e Indemnización por Enfermedad Ocupacional, interpuesto por la ciudadana JUANA ALICIA ADRIAN MÉNDEZ, venezolana mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad V-8.682.225, contra el CONJUNTO COMERCIAL GUAICAIPURO TORRE A-B., cuyo documento de Condominio se encuentra inscrito en la Oficina de Registro Publico del Municipio Guaicaipuro del Estado Bolivariano de Miranda, bajo el Nº 37, Protocolo Primero, Tomo 5, Folios 252 al 266 de fecha 28 de enero de 1982. Se anunció el acto a la entrada del Tribunal, y hacen acto de presencia la ciudadana JUANA ALICIA ADRIAN MÉNDEZ, junto a su representación judicial abogado GILBERTO ANTONIO ANDREA GONZÁLEZ titular de la Cédula de Identidad V- 6.873.628 e inscrito en el Inpreabogado bajo el número 37.063 y asistida por la abogada EMILIA DE LEÓN ALONSO DE ANDREA titular de la Cédula de Identidad V- 6.198.448 e inscrita en el Inpreabogado bajo el número 35.336, y por la otra el ciudadano EMILIO PALACIOS titular de la Cédula de Identidad V-14.298.261 en el carácter de Presidente de la Junta de Condominio demandada, Presidente de la Junta de Condominio, junto a su abogado asistente LUIS ALBERTO ASCANIO BELANDRIA, titular de la Cédula de Identidad V-13.476.977, e inscrito en el Inpreabogado Nº 103.504. En este estado la Juez inicia la Audiencia Preliminar, desarrollada el acto, las partes a los fines de cumplir con la acordado en el acta de fecha 8 de mayo de 2014, convienen en celebrar un acuerdo transaccional a los fines de culminar el presente procedimiento de la forma que a continuación se detalla: La cancelación de la cantidad de DOSCIENTOS MIL BOLÍVARES ( Bs. 200.000,00), en cuatro pagos consecutivos de CINCUENTA MIL BOLÍVARES ( 50.000,00) cada uno, los cuales se cancelaran los dias 31 de julio, 29 de agosto, 30 de septiembre y 31 de octubre de 2014, por ante este Circuito Judicial en horas de la mañana, mediante cheque de gerencia a favor de la accionante JUANA ALICIA ADRIAN MÉNDEZ, en el entendido que el segundo pago correspondiente al 29 de agosto de 2014, se hará efectivo por ante la Oficina de Condominio del Conjunto Residencial y Comercial Guaicaipuro por cuanto esa fecha se encuentra dentro del periodo de vacaciones judiciales y así expresamente lo acepta a su entera satisfacción y libre de coacción la accionante. Así mismo, y como consecuencia del acuerdo que se celebra en este acto, las partes aceptan y convienen que el monto conciliado comprende todos y cada uno de los conceptos demandados como son: Prestaciones Sociales, Enfermedad Ocupacional y Daño Moral, reconociendo que con el pago de la cantidad anteriormente señalada no quedan nada a deberse por los beneficios y montos demandados, los cuales quedan en este acto totalmente transigidos; así mismo convienen que en el acuerdo que procederán a suscribir, se incluyen las secuelas derivadas de la enfermedad ocupacional que se demandada en este procedimiento. DE conformidad al acuerdo que aquí se suscribe, solicitan al Despacho se homologue en los mismos términos expresados, y reconocen y aceptan que siendo un acto de auto-composición procesal, con la homologación solicitada adquiere fuerza de Cosa Juzgada, lo que los obliga a cumplir con lo establecido en el presente acuerdo, dando por terminado el presente juicio. Visto como se han logrado conciliar las posiciones de las partes, este Juzgado da por culminada la controversia y en consecuencia de conformidad con el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, este Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en Los Teques HOMOLOGA el acuerdo aquí celebrado, el cual adquiere el efecto de Cosa Juzgada, debiéndose dejar constancia en el expediente del segundo de los pagos acordados en este acto y correspondiente al día 29 de agosto de 2014. Acto seguido, la ciudadana JUANA ALICIA ADRIAN MÉNDEZ, titular de la Cédula de Identidad V-8.682.225, se compromete y así lo expresa sin coacción alguna, que se compromete a desocupar la sede de la conserjería que mantiene ocupada, al día siguiente del último pago aquí acordado, es decir el día 1 de noviembre de 2014. En cuanto a lo expresado por la accionante, este juzgado se abstiene a homologar su manifestación, por cuanto el acuerdo homologado se limita a los conceptos demandados en el procedimiento como son: Prestaciones Sociales, Enfermedad Ocupacional, Daño Moral, y las secuelas relacionadas con la enfermedad ocupacional demandada en este procedimiento., como bien ambas partes señalaron con anterioridad. En este acto se hace entrega a los justiciables de las pruebas presentadas al inicio de la audiencia preliminar, y se reserva ordenar el archivo y cierre del expediente hasta tanto conste en autos el último pago acordado. Se solicita al Secretario del Despacho expedir copias certificadas de la presente acta tal como lo preceptúa el artículo 22 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Siendo las 12: 15 p.m. se dio por concluido el presente acto. Es todo. Terminó y conformes firman.

PUBLÍQUESE REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA DE LA PRESENTE DECISIÓN EN LAS ACTAS DEL EXPEDIENTE Y PUBLÍQUESE EN EL SITIO WEB DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EN EL ESPACIO REGIONES, SECCIÓN MIRANDA.

Dictada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, en Los Teques, a los veintiseis (26) dias del mes de mayo de dos mil catorce (2014). Años 204 la Independencia y 155° de la Federación. Es todo terminó y conformes firman.-


JASMINE MORELLA GARCÍA
LA JUEZ

LA ACCIONANTE Y SU REPRESENTACIÓN JUDICIAL


REPRESENTACIÓN LEGAL Y JUDICIAL DE LA DEMANDADA


WILKER DUMONT
EL SECRETARIO

Nota: En la misma fecha de hoy 26 de mayo de 2014 se publicó y registró esta decisión previo cumplimiento de los requisitos de Ley.

EL SECRETARIO

EXP 13-3618
JMG./WD. 

martes, mayo 12, 2015

DERECHO MEDICO : DE LA SOLICITUD DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES A LA SALUD Y A LA VIDA




 De nuestra practica Jurídica presentamos a ustedes extracto de sentencia donde se analiza el tema de la defensa del Derecho a la Vida y a la Salud el cual considero de extremada importancia para el Sistema Jurídico Venezolano. Espero pués sea de su utilidad a los fines legales consiguientes.

Cordiales, Saludos!!!

Dr: Gilberto Antonio Andrea González
ABOGADO-U.C.A.B.
 Teléfono: 0412-9742213 
Experto Litigante en materia de Amparo Constitucional




En efecto, tal como fue expresamente requerido por la parte accionante, así como por la representación judicial de la Defensoría del Pueblo, en el asunto que ahora ocupa la atención de este Tribunal se encuentra involucrada una situación que podría significar la amenaza, de forma colateral, de otros derechos constitucionales que, a pesar de tener el mismo rango que los derechos que fueron debatidos y desvirtuados en esta misma decisión, no pueden ser desestimados por este servidor –actuando en sede constitucional- dada la naturaleza ‘fundamental’ de los mismos, como lo son: el derecho a la salud y el derecho a la vida de la madre del accionante, quien también ocupa el inmueble sobre el cual recayó la ejecución de la sentencia cuestionada.

Lo expuesto no significa que exista una preferencia o una preeminencia de un derecho constitucional sobre otro, como pudiera mal interpretarse; pues –como ya indiqué- todos los derechos constitucionales son del mismo rango o jerarquía, variando únicamente uno u otro de acuerdo a su naturaleza, la cual viene dada por el objeto tutelado. En este caso: el derecho a la salud y el derecho a la vida, los cuales –además de derechos constitucionales por su regulación en nuestro ordenamiento jurídico- forman parte de los denominados “Derechos Fundamentales” como parte integrante de los “Derechos Humanos”.

Tanto es así, que nuestro Constituyente de 1999, a diferencia de los anteriores, como hecho novedoso sin precedentes en nuestro país, reconoció en su texto la preeminencia de los derechos humanos como un valor superior del ordenamiento jurídico del Estado y de su actuación (Ver: Exposición de Motivos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).

A tales efectos, el Constituyente incorporó en su obra un Título dedicado exclusivamente a los “derechos humanos, sus garantías y deberes”, inspirado –precisamente- por las principales tendencias desarrolladas en el derecho comparado y los tratados internacionales suscritos por nuestro país sobre la materia; incluso, le ordena a los tribunales y demás órganos del Estado su aplicación preferente sobre el resto de las leyes internas siempre y cuando sus disposiciones sean más favorables que las contenidas en el propio texto constitucional.

Del mismo modo, el Constituyente nos indica que el mecanismo procesal o la vía para requerir la tutela de alguno de los derechos humanos previstos o no en su cuerpo normativo es el amparo constitucional.

En atención a ello, este Tribunal observa lo siguiente:

El artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala lo siguiente:

“Artículo 2. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.” (Énfasis añadido).

La disposición precedentemente transcrita, novedosa por demás en el sistema constitucional venezolano, sirve de plataforma para enunciar y desarrollar los principios reguladores de la actividad del Estado Venezolano.

Así, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha definido -a través de su jurisprudencia- al Estado Social de Derecho en los términos siguientes:

“(…) Refundiendo los antecedentes expuestos sobre el concepto de Estado Social de Derecho, la Sala considera que él persigue la armonía entre las clases, evitando que la clase dominante, por tener el poder económico, político o cultural, abuse y subyugue a otras clases o grupos sociales, impidiéndoles el desarrollo y sometiéndolas a la pobreza y a la ignorancia; a la categoría de explotados naturales y sin posibilidad de redimir su situación.
A juicio de esta Sala, el Estado Social debe tutelar a personas o grupos que en relación con otros se encuentran en estado de debilidad o minusvalía jurídica, a pesar del principio del Estado de Derecho Liberal de la igualdad ante la ley, el cual en la práctica no resuelve nada, ya que situaciones desiguales no pueden tratarse con soluciones iguales.
El Estado Social para lograr el equilibrio interviene no solo en el factor trabajo y seguridad social, protegiendo a los asalariados ajenos al poder económico o político, sino que también tutela la salud, la vivienda, la educación y las relaciones económicas, por lo que el sector de la Carta Magna que puede denominarse la Constitución Económica tiene que verse desde una perspectiva esencialmente social.
El Estado Social va a reforzar la protección jurídico-constitucional de personas o grupos que se encuentren ante otras fuerzas sociales o económicas en una posición jurídico-económica o social de debilidad, y va a aminorar la protección de los fuertes. El Estado está obligado a proteger a los débiles, a tutelar sus intereses amparados por la Constitución, sobre todo a través de los Tribunales; y frente a los fuertes, tiene el deber de vigilar que su libertad no sea una carga para todos.” (Negrillas y subrayado nuestro). [Sentencia Nº 85 de fecha 24-01-2002 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el Expediente Nº 01-1274. Caso: ASODEVIPRILARA].

Al respecto, la doctrina nacional ha señalado que “El Estado de Derecho debe ser un frente contra posibles arbitrariedades, pero no hay que excluir la posibilidad de quien incluso bajo tal sistema actúe la autoridad al margen de los fines del Estado definidos por la Constitución. Entre los grupos más amenazados se encuentran las personas pertenecientes a las llamadas minorías, bien sean las étnicas o las religiosas o incluso, los marginados, como son los enfermos psíquicos, los desarraigados y los delincuentes”. [RONDÓN DE SANSÓ, Hildegard. “Garantías y Deberes en la Constitución Venezolana de 1999”. Tomo II. p. 47. Caracas, 2011]

En este orden de ideas, tal como lo ha indicado la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República, “el Estado Social de derecho supone la garantía plena de satisfacer condiciones de vida dignas, dando vigencia a derechos de rango constitucional”.

En atención a ello, la propia Sala Constitucional –desde sus primeras decisiones- ha investido al “juez constitucional” de todas las potestades necesarias para el cumplimiento de estos fines del Estado, lo cual se revela de la primigenia decisión dictada a tal efecto, que enfatizó:

“(…) Todos los jueces, y en especial los Constitucionales, están en la obligación de asegurar la integridad de la Constitución. Esta función corresponde a lo que esta Sala, en el fallo de 1° de febrero de 2000 (caso José Amado Mejías y otros) llamó el interés Constitucional, el cual convierte al Juez en un protector de la Constitución y de los derechos y garantías que ella otorga a las personas, adaptándose así el proceder de los jueces a la previsión del artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que crea la obligación judicial de mantener la integridad de la Constitución, de evitar que sus normas se desmejoren, y que las personas que pidan la intervención del Poder Judicial en el orden constitucional, así como los que actúan en dichos procesos, reciban los beneficios constitucionales integralmente, sin permitir extralimitaciones o situaciones que perjudiquen los derechos constitucionales de las partes.
En el Juez del amparo, la obligación de mantener el interés constitucional es primordial, ya que así como él va a proteger a las personas cuya situación jurídica le ha sido infringida o que estén amenazados de infracción sus derechos y garantías constitucionales, como tutor de la cobertura que la Constitución ofrece a las personas, dentro del proceso de amparo tiene que tratar de evitar que el mismo perjudique sin razón los derechos o garantías constitucionales del demandado como agraviante.
Sería contrario al Estado Social de Derecho y Justicia establecido en el artículo 2 de la vigente Constitución, que el Juez que según la misma norma tiene como valor superior a la justicia, a través del proceso de amparo viole derechos y garantías constitucionales del supuesto agraviante, ya que si así obrase, no cumpliría con los deberes y derechos consagrados en la Constitución, y le quitaría a la Carta Fundamental el carácter de norma suprema, fundamento del ordenamiento jurídico que establece el artículo 7 de la vigente Constitución y de cuya integridad es titular el juez. De allí que es deber del Juez, mantener la cobertura constitucional a las partes del proceso, con lo que no solo cumple con el artículo 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, manteniendo a las partes en igualdad, sino que da cumplimiento a la efectividad de las normas y principios constitucionales.” [Sentencia Nº 95 de fecha 15-03-2000 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el Expediente Nº 00-0094. Caso: Isaías Rojas Arenas].

Lo anterior constituye el “entramado constitucional” sobre el cual este servidor apoyará su decisión respecto a la denuncia sobre la amenaza de violación de los derechos constitucionales a la salud y la vida de la ciudadana Teolinda Martínez, denunciados por intermedio de su hijo, el Sr. Manuel Felipe Fernández Martínez; dado –precisamente- su delicado y precario estado de salud que le impide ejercerlo de forma personal y directa.

En este orden de ideas, no fue un hecho controvertido por las partes intervinientes en la presente acción de amparo constitucional el grave estado de salud de la señora Teolinda Martínez, de noventa y ocho (98) años de edad; quien ocupa el inmueble objeto de la decisión de desalojo pendiente de ejecución conjuntamente con su hijo, el hoy accionante en amparo constitucional; todo lo contrario, fue un hecho admitido y reconocido por las partes y el resto de los sujetos procesales que intervinieron en este procedimiento que las condiciones de salud y, en general, las condiciones de vida de la ciudadana Teolinda Martínez son extremadamente delicadas, quien –prácticamente- se mantiene artificialmente con vida en virtud de que se encuentra “conectada” a una serie de aparatos y equipos médicos que realizan gran parte de sus funciones vitales, tal como se evidenció de la inspección extrajudicial evacuada por la Notaría Pública Undécima del Municipio Libertador el 03 de marzo de 2015 y que no fue tachada ni cuestionada por ninguna de los sujetos procesales intervinientes en el presente procedimiento.

En efecto, tal como fue constatado de forma personal y directa por las ciudadanas Defensoras Públicas que se hicieron parte en este procedimiento, quienes se trasladaron hasta el inmueble donde se encuentra la ciudadana Teolinda Martínez, dejando constancia de su situación y su delicado estado de salud a través de una inspección ocular, cuyo valor fue ratificado en la audiencia constitucional; de la cual se aprecia que: “(…) se verificó la existencia de una persona (adulto mayor) de 98 años de edad quien se encuentra en condiciones de salud delicada y cuyo traslado fuera del apartamento constituiría una grave amenaza a la salud y a la vida de la ciudadana Teolinda Martínez Fernández quien medicamente padece de un accidente cerebro vascular (ACV) y degeneración cognitiva”. (sic), lo cual concuerda perfectamente con el informe médico cursante a los autos (folio 25 de la primera pieza del expediente), que indica que la referida ciudadana de 98 años de edad estuvo hospitalizada por presentar accidente cerebro-vascular isquémico desde el día 29-11-10 hasta el día 16-12-10, la cual requiere tratamiento médico permanente para hipertensión arterial, cardioangioesclerosis y arterioesclerosis cerebral avanzada, concluyendo el aludido informe señalando que la “paciente se encuentra en muy malas condiciones generales” (sic). Dicho informe tampoco fue cuestionado por ninguna de las partes intervinientes en este proceso.

Como puede apreciarse, es un hecho admitido -y sobradamente constatado- la existencia en el inmueble objeto de la medida de desalojo de la señora Teolinda Martínez, una anciana de 98 años de edad, quien se encuentra postrada en una cama, en un estado de salud muy delicado y, además, “conectada” a una serie de equipos médicos que la mantienen “artificialmente” con “vida”; en suma: es una persona discapacitada que no puede valerse por sí misma, que requiere constante atención y supervisión de su grupo familiar y a quien el Estado debe garantizarle el mantenimiento mínimo vital.

Al respecto, la Constitución señala lo siguiente:

“Artículo 80. El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía y les garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida. Las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de Seguridad Social no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano. A los ancianos y ancianas se les garantizará el derecho a un trabajo acorde con aquellos y aquellas que manifiesten su deseo y estén en capacidad para ello.

Artículo 81. Toda persona con discapacidad o necesidades especiales tiene derecho al ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades y a su integración familiar y comunitaria. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, le garantizará el respeto a su dignidad humana, la equiparación de oportunidades, condiciones laborales satisfactorias, y promoverá su formación, capacitación y acceso al empleo acorde con sus condiciones, de conformidad con la ley. Se les reconoce a las personas sordas o mudas el derecho a expresarse y comunicarse a través de la lengua de señas venezolana.

Artículo 83. La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República. (Negrillas nuestras).

Lo anterior no es más que la protección constitucional que prevé nuestro ordenamiento jurídico a toda persona en su edad avanzada, máxime si sus funciones vitales o sus condiciones de vida le impiden valerse por sí mismas (discapacitada); haciendo énfasis en la preservación de su dignidad humana y en el resguardo de los ‘derechos sociales fundamentales’, como lo son –precisamente- el derecho a la salud y el derecho a la vida.

Estos principios constitucionales han sido reconocidos y desarrollados por el Legislador Patrio, quien a través de diversos instrumentos post-constitucionalistas ha plasmado la voluntad del Constituyente en similares términos.

Sólo a título ilustrativo y sin que ello implique un ‘descenso’ en el análisis de instrumentos de rango legal en esta sede constitucional, considera necesario quien suscribe transcribir la definición legal del término “discapacidad”, contenido en la Ley para Personas con Discapacidad (Gaceta Oficial N° 38.598 del 05-01-2006), a cuyo efecto señala:

“Artículo 5. Se entiende por discapacidad la condición compleja del ser humano constituida por factores biopsicosociales, que evidencia una disminución o supresión temporal o permanente, de alguna de sus capacidades sensoriales, motrices o intelectuales que puede manifestarse en ausencias, anomalías, defectos, pérdidas o dificultades para percibir, desplazarse sin apoyo, ver u oír, comunicarse con otros, o integrarse a las actividades de educación o trabajo, en la familia con la comunidad, que limitan el ejercicio de derechos, la participación social y el disfrute de una buena calidad de vida, o impiden la participación activa de las personas en las actividades de la vida familiar y social, sin que ello implique necesariamente incapacidad o inhabilidad para insertarse socialmente.” (Negrillas nuestras).

En atención a lo expuesto, quien suscribe –actuando como garante de la constitucionalidad- coincide con la postura esgrimida por la representación judicial de la Defensoría del Pueblo y considera que, ciertamente, ejecutar la decisión definitivamente firme que fue recurrida implica –en la práctica- una seria amenaza o un atentado en contra del delicado estado de salud de la señora Teolinda Martínez, cuya materialización podría conducir a un desenlace fatal para la prenombrada ciudadana. No obstante ello, este Juzgador tampoco puede permitir que se burle o se incumpla la decisión dictada por otro juez en el marco de un procedimiento tramitado con plenas garantías en el que se ejercieron cabalmente todos los recursos y defensas, pues con ello estaría violentando el principio de la intangibilidad de la cosa juzgada formal.

Sin embargo, lo que si puede hacer este Sentenciador, actuando en sede constitucional e inspirado por esos principios recogidos en nuestra Carta Magna, que nos invitan a ‘deslastrarnos’ de esas ‘corazas’ formalistas y a aplicar una justicia material –que es la verdadera justicia- es impedir la movilización o el traslado físico de la señora Teolinda Martínez del inmueble donde se encuentra habitando actualmente hasta tanto le sea ubicado un sitio en condiciones ideales de vida, similares o mejores, en las cuales se le garantice el mantenimiento mínimo vital; lo cual implica diferir la ejecución de la sentencia accionada hasta tanto se materialicen las condiciones ideales precedentemente aludidas y así será declarado en la parte dispositiva de esta decisión. Así se establece.

El pronunciamiento anterior no implica, en modo alguno la negación de otros derechos constitucionales, pues –se insiste- se efectúa en defensa y garantía de derechos fundamentales y humanos, que son de aplicación preferente, como lo son el derecho constitucional a la salud y a la vida. Así se decide 

 EN TORNO A ESTE PUNTO EL TRIBUNAL DECIDIÓ LO SIGUIENTE

Se PROHIBE la MOVILIZACIÓN o el TRASLADO FÍSICO de la señora TEOLINDA MARTÍNEZ, quien es venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-2.069.539, del inmueble donde se encuentra habitando actualmente hasta tanto le sea ubicado un sitio en condiciones ideales de vida, similares o mejores, en el cual se le garantice el mantenimiento mínimo vital; lo cual implica diferir la ejecución de la sentencia accionada hasta tanto se materialicen las condiciones ideales precedentemente aludidas.

lunes, abril 20, 2015

DERECHO MEDICO : LE INVITAMOS CORDIALMENTE A NUESTRO CURSO SOBRE DERECHO MÉDICO CON EL AVAL DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO

Andrea De Leòn , Abogados Consultores

Derecho Médico: Caso Poly Implants Prothese -Venezuela- Sentencia de la Sala Constitucional que contiene defensa opuesta por ASOMUVENAPIP contra la OPOSICIÓN que hicieron LAS COMERCIALIZADORAS a las Medidas de Protección dictadas en favor de las Victimas de PIP l


Magistrada Ponente: GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO

Consta en autos que, el 6 de junio de 2012, esta Sala Constitucional dictó decisión n.o 790, a través  de la cual acordó declarar procedente la tutela cautelar solicitada ante esta sala por GABRIELA DEL MAR RAMÍREZ PÉREZ, en su carácter, para ese entonces, de DEFENSORA DEL PUEBLO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y los abogados LARRY DEVOE MÁRQUEZ, JESÚS ANTONIO MENDOZA, ALEJANDRA BONALDE COLMENARES, LUCELIA CASPELLAROS PÉREZ, JAVIER LÓPEZ CERRADA, LILIAN QUEVEDO RUIZ, JASMÍN CUEVAS MORALES y DOLIMAR LAREZ, con inscripción en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los n.ros 93.897, 41.755, 71.884, 145.484, 84.543, 65.661, 124.701 y 131.291, respectivamente, con adscripción a la Dirección General de Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo, en la demanda interpuesta, en fecha 3 de mayo de 2012, de protección de derechos e intereses colectivos, conjuntamente con solicitud de medidas cautelares innominadas, a favor de todas aquéllas personas naturales, habitantes de la República Bolivariana de Venezuela, que tengan implantadas en su cuerpo prótesis mamarias marca “PIP”, fabricadas por la sociedad mercantil francesa POLY IMPLANT PROTHÈSE (PIP) contra GALAXIA MÉDICA, C.A., con inscripción en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 12 de junio de 1986, bajo el n.° 72, Tomo 67-A-Pro y anotada ante el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo la nomenclatura J-00230964-4; MULTI INDUSTRIAS MÉDICAS MULTIMED, C.A., con inscripción en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 12 de junio de 1986, bajo el n.° 76, Tomo 67-A-Pro; FARMACIA LOCATEL, C.A., con inscripción en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 24 de febrero de 1994, bajo el n.° 46, Tomo 47-A-Sgdo; LOCATEL FRANQUICIA C.A., con inscripción en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 18 de marzo de 1997, bajo el n.° 37, Tomo 131-A-Sgdo, en su condición de únicos y exclusivos importadores y distribuidores autorizados en Venezuela de las antes referidas prótesis mamarias; la sociedad civil sin fines de lucro SOCIEDAD VENEZOLANA DE CIRUGÍA PLÁSTICA RECONSTRUCTIVA, ESTÉTICA Y MAXILOFACIAL (SVCPREM), en su condición de agrupación de los cirujanos plásticos de Venezuela y la ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE CLÍNICAS Y HOSPITALES (AVCH), con inscripción ante la oficina subalterna del Registro Público del Primer Circuito del Municipio Sucre del estado Miranda (hoy Registro Inmobiliario), el 17 de abril del 2008, bajo el n.°11, Tomo 6, Protocolo Primero, en su condición de agrupación de las instituciones privadas prestadoras de servicios de salud en Venezuela; todo en razón de que las prótesis mamarias marca “PIP”, fabricadas y distribuidas por la Sociedad Mercantil francesa “POLY IMPLANT PROTHÈSE (PIP), afectan la salud y amenazan la vida de todas aquellas personas que las tengan colocadas en sus cuerpos.
El 11 de febrero de 2015, fue designada la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia y el 12 de febrero de 2015 tuvo lugar la reconstitución de esta Sala Constitucional, la cual quedó integrada de la siguiente manera: Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrado Arcadio Delgado Rosales, Vicepresidente; y los Magistrados Francisco Antonio Carrasquero López, Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán y Juan José Mendoza Jover y se ratificó la designación de la Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado como ponente.
I
ANTECEDENTES

El 20 de junio de 2012, los abogados Diego Zabala y María Genoveva Páez Pumar, con inscripción en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números. 85.218 y 85.558, en su carácter de apoderados judiciales GALAXIA MÉDICA, C.A., acudieron ante este máximo Tribunal para presentar escrito de oposición a la decisión del 6 de junio de 2012, en la cual se declararon procedentes las medidas cautelares solicitadas por la parte demandante, y, en especial, en contra del aparte 3.3 del dispositivo de la sentencia, que señala: “Se ordena el retiro y reemplazo de las prótesis mamarias, marca PIP, de forma programada a costa de la sociedad mercantil Galaxia Médica, C.A. y del grupo económico del cual forma parte, de los Médicos Cirujanos y las Clínicas Privadas, que intervinieron en la mamoplastia, en aquellos casos en los que se haya iniciado el proceso de filtración de prótesis, de modo que conforme a diagnostico médico se determine que no se puede esperar, para su extracción la sentencia definitiva
El 20 de junio de 2012, el Secretario de esta Sala dejó constancia de la apertura de cuaderno separado, en virtud de la oposición a la medida cautelar de los abogados Diego Zabala y María Genoveva Páez Pumar, anteriormente identificados, en su carácter de apoderados judiciales de GALAXIA MÉDICA, C.A.
El 26 de junio de 2012, comparecieron ante esta Sala las ciudadanas Sandy Marbelly Contreras de Molina, Carmen Elena Barreto Cermeño, Adriana Luisa Babaresco, Ayuranis Osiris Morillo Rodríguez y Mayra José Marchan Pargos, titulares de las cédulas de identidad n.os V-8.807.149, V-5.596.812, V-9.622.862, V-9.952.573, V-11.082.045, V- respectivamente, asistidas por los abogados Gilberto Antonio Andrea González, Emilia De León Alonso de Andrea y Maribel del Valle Hernández Mariño, con inscripción en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 37.063, 35.336, 38.346 respectivamente, para exponer y solicitar que sea declarada sin lugar la oposición a la medida cautelar dictada por este alto tribunal.
El 27 de junio de 2012, comparecieron los abogados Leonardo Palacios Márquez, José Gregorio Torres Rodríguez, Enrique José Crespo Rivera, Juan Esteban Kordoy Tagliaferro, Erika Cornilliac Malaret, Rodrigo Lange Carías y Oscar Niño Bezara con inscripción en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 22.646, 41.242, 33.091, 112.054, 131.177, 146.151, y 180.118, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la ASOCIACION VENEZOLANA DE CLINICAS Y HOSPITALES (AVCH), para presentar escrito de oposición a la medida cautelar decretada por esta sala en fecha 06 de junio de 2012.
El 28 de junio de 2012, comparecieron los abogados Diego Zabala y María Genoveva Páez Pumar, con inscripción en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 85.218 y 85.558, en su carácter de apoderados judiciales GALAXIA MÉDICA, C.A. para presentar un segundo y similar escrito de oposición al que fue presentado con fecha 20 de junio de 2012, en la cual se declaran procedente las medidas cautelares, solicitadas por la parte demandante y, en especial, en contra del aparte 3.3 del dispositivo de la sentencia, que señala: “Se ordena el retiro y reemplazo de las prótesis mamarias, marca PIP, de forma programada a costa de la sociedad mercantil Galaxia Médica, C.A. y del grupo económico del cual forma parte, de los Médicos Cirujanos y las Clínicas Privadas, que intervinieron en la mamoplastia, en aquellos casos en los que se haya iniciado el proceso de filtración de prótesis, de modo que conforme a diagnóstico medico se determine que no se puede esperar,  para su extracción la sentencia definitiva”.
El 28 de junio de 2012, los abogado Gabriel Altuve Aviléz con inscripción en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n°137.211 en su carácter de apoderado judicial de MULTI INDUSTRIAS MÉDICAS “MULTIMED” C.A. y de LOCATEL FRANQUICIA, C.A., acudieron ante este máximo Tribunal para presentar escrito de oposición a la decisión del 6 de junio de 2012, en la cual se declaran procedentes las medidas cautelares solicitadas por la parte demandante y, en especial, en contra del referido aparte 3.3 del dispositivo de la sentencia.
El 28 de junio de 2012, comparecieron el abogado Alfonso Graterol Jatar con inscripción en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 26.429, en su carácter de apoderado judicial de MULTI INDUSTRIAS FARMACIA LOCATEL C.A., para presentar escrito de oposición a la decisión del 6 de junio de 2012, en la cual se declaran procedente las medidas cautelares, solicitadas por la parte demandante y en especial en contra del aludido aparte 3.3 del dispositivo de la sentencia.
El 03 de julio de 2012 comparecieron ante esta Sala los abogados María Genoveva Páez Pumar y Cristhian Zambrano, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los n.os  85.558 y 90.812, en su carácter de apoderados judiciales de GALAXIA MÉDICA, C.A. para promover pruebas en la incidencia relativa a las medidas cautelares.
El 12 de julio de 2012, compareció ante esta Sala la abogada María Genoveva Páez Pumar, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajoel n° 85.558 en su carácter de apoderada judicial GALAXIA MÉDICA, C.A. para solicitar a esta Sala “Se pronuncie sobre el estado procesal de las actuaciones realizadas con ocasión de la incidencia  (medidas cautelares), que cursan en el cuaderno separado  de este mismo expediente, definiendo la oportunidad legal de todos los demandados para oponerse a las medidas cautelares, en resguardo del derecho a la defensa y al debido proceso, así como para garantizar la unidad del proceso y de los lapsos procesales en la causa, y a todo evento solicito que se provea sobre las pruebas de inspección y de informes promovidas por mi representada en esta incidencia”
El 08 de agosto 2012, compareció por ante esta Sala el abogado Cristhian Zambrano, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 90.812 en su carácter de apoderado judicial de GALAXIA MÉDICA, C.A. para solicitar a la Sala, “Que provea lo conducente respecto de la oposición de las medidas formulada por mi representada y a las pruebas por ella promovidas en la articulación probatoria”.
El 14 de agosto 2012, compareció ante esta Sala la abogada María Genoveva Páez Pumar, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n°85.558 en su carácter de apoderada judicial de GALAXIA MÉDICA, C.A. para solicitar se ordene la sustanciación de tal incidencia, conforme a los previsto en los artículos 163 y 164 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
El 14 de agosto de 2012, esta Sala Constitucional, emitió auto observando que, por error material, se agregó en fecha 03 de julio de 2012 el escrito relativo a la promoción de pruebas en la oposición a las medidas cautelares (folios 376 al 478), siendo lo correcto haber agregado el mencionado escrito al cuaderno de medidas, en consecuencia, conforme a las previsiones contenidas en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, la Sala acuerda desglosar del presente expediente el referido escrito, y agregarlo al cuaderno de medidas de dicho expediente con copia certificada del presente auto.
El 24 de abril de 2013, compareció el abogado Javier Antonio López Cerrada, en su carácter de Defensor IV adscrito a la Dirección General de servicios Jurídicos de la defensoría del Pueblo, a fin de manifestar su interés en la presente causa.

II
DE LA MEDIDA CAUTELAR
Como parte de la decisión n.o 790, del 6 de junio de 2012, esta Sala declaró PROCEDENTE la tutela cautelar solicitada, por Gabriela del Mar Ramírez Pérez, para ese entonces, Defensora del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, hasta tanto se dictare la sentencia definitiva en la presente causa y en  los en los siguientes términos:
3.1. Se declara que la problemática derivada de los implantes mamarios marca PIP, fabricado por la compañía POLY IMPLANT PROTHÈSE (PIP), y colocados en el cuerpo humano, es un tema de salud pública.
3.2. Se decreta la prohibición de colocar implantes mamarios marca PIP, fabricados por la compañía POLY IMPLANT PROTHÈSE (PIP), así como cualquier otro implante no autorizado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud.
3.3. Se ordena el retiro y reemplazo de las prótesis mamarias, marca PIP, de forma programada, a costa de la Sociedad Mercantil GALAXIA MÉDICA, C.A. y del grupo económico del cual forma parte, de los MÉDICOS CIRUJANOS y las CLÍNICAS PRIVADAS, que intervinieron en la mamoplastia, en aquellos casos en los que se haya iniciado el proceso de filtración de la prótesis, de modo que conforme a diagnostico médico se determine que no se pueda esperar, para su extracción, la sentencia definitiva.
3.4. Se ordena a los médicos de libre ejercicio, a través de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Maxilofacial (SVCPREM) que suministren a los pacientes sometidos a mamoplastia información sobre la marca de implantes mamarios colocados.
3.5. Se ordena a los médicos de libre ejercicio, a través de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Maxilofacial (SVCPREM) conservar las historias médicas de los pacientes a los que se haya practicado mamoplastia.
3.6. Se ordena a los médicos de libre ejercicio, a través de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Maxilofacial (SVCPREM) que gratuitamente realicen los chequeos y/o exámenes necesarios a los pacientes que operaron y a quienes se colocaron implantes mamarios marca PIP.
3.7. Se ordena a las Clínicas Privadas a través de la ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE CLÍNICAS Y HOSPITALES (AVCH), que gratuitamente practiquen los exámenes de diagnóstico necesarios a los pacientes que se operaron y portan implantes mamarios marca PIP.
3.8. Se ordena al Ministerio de Poder Popular para la Salud, la elaboración de una planilla de registro de datos, en su página web, a objeto de que quienes portan prótesis mamarias marca PIP, fabricadas por la compañía POLY IMPLANT PROTHÈSE (PIP), se inscriban para formar una relación de las personas afectadas.
3.9. Se ordena al Ministerio de Poder Popular para la Salud, la elaboración de un PROTOCOLO y PROCEDIMIENTOS de actuación para quienes portan prótesis mamarias, en el que se establezcan los pasos que estas personas deben adoptar en su proceso de determinación, retiro y sustitución de los implantes mamarios marca PIP.
3.10. Se ordena al Ministerio de Poder Popular para la Salud, la elaboración de un PROTOCOLO y PROCEDIMIENTOS de actuación para los médicos relacionados con la colocación de implantes mamarios marca PIP, en el que se establezcan los pasos que éstos deben adoptar para dar respuesta a este asunto.
3.11. Se ordena al Ministerio de Poder Popular para la Salud, velar por estricto cumplimiento de lo ordenado por vía cautelar en la presente decisión.
III
DE LA OPOSICIÓN A LA MEDIDA CAUTELAR

De acuerdo con el artículo 131 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia “Cuando se acuerde alguna medida cautelar, transcurrirá un lapso de tres días de despacho para la oposición. Si hubiere oposición, se abrirá cuaderno separado y se entenderá abierta una articulación de tres días de despacho para que los intervinientes promuevan y evacuen pruebas.” Por aplicación supletoria del artículo 602 del Código de Procedimiento Civil dicho lapso comenzará a contarse bien desde la ejecución de la medida o desde las notificaciones la última de los sujetos contra los que opere el decreto.
En este caso el último de los afectados por la medida, la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales, fue notificada el miércoles 20 de junio de 2012, por lo que los tres días de despacho para la oposición transcurrió el jueves 21, martes 26 y miércoles 27 de junio de 2012. En consecuencia, la Sala observa que la representación de la sociedad mercantil Galaxia Médica, C.A., la representación de la Asociación Civil de Mujeres Venezolanas Afectadas por Protesis Poly Implants Prothese “ASOMUVENAPIP” y la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales (AVCH) fueron los únicos que consignaron sus escritos de oposición y apoyo, respectivamente, a las medidas cautelares dentro del lapso establecido (antes del 27 de junio de 2012).
Ahora bien, en el caso contrario, la representación de MULTI INDUSTRIAS MÉDICAS MULTIMED C.A. y de LOCATEL FRANQUICIA, C.A., y de FARMACIA LOCATEL, C.A., consignaron sus escritos de oposición de manera extemporánea, por lo cual la Sala debe declararlos inadmisibles.
En tal sentido, en su escrito de oposición a las medidas cautelares, la representación de Galaxia Médica, C.A., alegó lo siguiente:
Que, “Galaxia Médica es una empresa dedicada exclusivamente a la importación, distribución y comercialización de equipos y productos médicos, tal y como lo reconoce la accionante, y en consecuencia no fabrica equipos, ni productos médicos, ni tampoco los opera o aplica, no fabrica equipos ni productos en forma  eficiente y consciente a favor de la población venezolana, pues esta organización ha desarrollado prácticas comerciales que han permitido el abaratamiento de los medicamentos y de los equipos de forma considerable y sostenible”.
Que, “nuestro representado lo único que ha hecho es comercializar los productos de Poly Implant Prothese, confiando de buena fe en la trayectoria y reputación alcanzada en la primera década de este siglo por la mencionada empresa fabricante de prótesis, y en el aval otorgado por las autoridades sanitarias francesas, que le hicieron confiar en la calidad de sus productos”.
Que, “para la comercialización de los implantes PIP, nuestro representado cumplió con todas las exigencias de carácter aduanal y sanitarias que las autoridades competentes venezolanas exigieron en distintas oportunidades”.
Que, “mediante los oficios Nros. 3606, 3607 y 3608 dirigidos a Galaxia Médica, el Ministerio del Poder Popular para la Salud notificó la expedición de los Registros Sanitarios números PMP-15.738, PMP-15.739 y PMP-15.740 concedidos por el mencionado Ministerio a través de la Dirección General del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, Dirección de Regulación y Control de Materiales, Equipos, Establecimientos y Profesiones de Salud”.
Que, “[l]os oficios y registros sanitarios antes mencionados evidencian que la autoridad sanitaria venezolana autorizó la comercialización en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela de las prótesis PIP que le fueron presentadas por Galaxia Médica, toda vez que concedió el correspondiente Registro Sanitario, una vez que verificó el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para la obtención de dichos registros que nuestra representada sometió a su consideración. De manera que, Galaxia Médica actuó de manera diligente y cumplió con su deber de someter a consideración de las autoridades sanitarias venezolanas la autorización para comercializar los implantes PIP”.
Que, el “…27 de abril de 2010, fue notificada por la Dirección General del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, Dirección de Regulación y Control de Materiales, Equipos, Establecimientos y Profesiones de Salud del Ministerio del Poder Popular para la Salud, que debía proceder al retiro inmediato del mercado de las conocidas prótesis PIP, tal y como se evidencia de la comunicación que acompañó la demandante como anexo marcado ‘X’, ante lo que Galaxia Médica informó al mencionado Servicio Autónomo que ‘responsablemente y desde el inicio de la notificación realizada en Francia por la Agencia de Seguridad Sanitaria de Productos de la Salud (AFSSAPS), procedió a suspender la comercialización de toda la línea de productos de Poly lmplant. Igualmente y de manera simultánea se comenzó el retiro del mercado de los productos antes citados’ ”.
Que, “…[e]n el marco de las acciones preventivas y voluntarias ejecutadas por Galaxia Médica, se practicó una inspección extrajudicial ocular, para dejar constancia de las prótesis retiradas y resguardadas a los fines de que las autoridades competentes ordenasen lo procedente en estos casos, inspección.”
Que, “[e]l retiro del mercado de las prótesis mamarias y el reintegro a los distribuidores del costo de tales productos mediante las notas de crédito, no es más que muestra del cumplimiento voluntario y el apego al ordenamiento jurídico venezolano por parte de Galaxia Médica, acción que ya de por si representó una pérdida financiera cuantiosa para nuestra representada, que hasta los momentos no ha podido recuperar”.
Que, “Galaxia Médica ha sido también una víctima, fue sorprendida en su buena fe, tanto por la empresa fabricante, como por las autoridades francesas que legitimaron ese producto y que la llevaron a adquirir inventarios importantes que no ha podido realizar”.
Que, “…del informe (Consignado en autos) del Instituto Nacional del Cáncer Francés (INCA) y de lo informado por la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica a través de su página, queda demostrado que no se ha determinado que exista riesgo alguno de tales implantes puedan producir cáncer de ningún tipo, ni que se requiera la explantación de manera urgente; por el contrario, las autoridades antes referidas destacan la importancia de evaluar individualmente a cada paciente”.
Que, “…más reciente aun, el Servicio Nacional del Reino Unido confirmó que los implantes PIP no representan una amenaza a largo plazo para la salud humana, como lo refleja la nota de prensa publicada recientemente en el periódico El Universal, específicamente el 18 de junio de 2012, del cual nos permitimos acompañar un ejemplar marcado ‘7’ Por tanto, no existen pruebas del supuesto daño alegado, ni de la urgencia aludida de que se realice la intervención quirúrgica que se pretende en demanda, pues no está demostrada ninguna amenaza inminente que atente contra la salud de las portadoras de prótesis PIP, y menos aún contra la vida de esas personas”.
Que, “…nos encontramos ante una acción, que pretende de forma cautelar o provisional, alegando una supuesta amenaza inminente de daños a la salud y a la vida, obtener una reparación del supuesto daño u amenaza, que de existir, lo cual negamos, en todo caso bajo ningún supuesto es inminente, pues la Defensoría del Pueblo ha esperado casi dos años para plantear en pretendida representación de las portadoras de las prótesis PIP, denuncias del supuesto daño o amenaza, a pesar de que, tal y como expresamos antes, según las opiniones de los organismos competentes no existe tal riesgo inminente”.
Que, “[h]asta la presente fecha se desconoce si todos los lotes de PIP fueron efectivamente fabricados con el gel no autorizado, y se sospecha que dicho elemento fue incluido a partir del año 2009, momento a partir del cual se incrementó la tasa de roturas de las PIP. En efecto en el informe de las autoridades sanitarias francesas citado y alegado por la Defensoría del Pueblo, se pone también de manifiesto, que, ‘…si un número creciente de señalamientos de ruptura de prótesis y una denuncia permitieron descubrir el fraude, los señalamientos de materio-vigilancia que llegaron a la AFSSAPS antes de 2009 no fueron suficientes para hacer aparecer un riesgo mayor sobre las prótesis PIP comparadas con las de los demás proveedores.”
En definitiva, solicitan que se, oiga esta oposición, se abra el lapso de pruebas y, finalmente, declare con lugar la oposición e improcedente las medidas precautelativas, solicitadas por la Defensoría del Pueblo y en especial la orden prevista en el aparte tercero del decreto cautelar.
Por su parte, la representación de la ASOCIACION VENEZOLANA DE CLINICAS Y HOSPITALES (AVCH), manifestó lo siguiente:
Que, “…es una Asociación Civil sin fines de lucro, conformada por la agrupación de distintas instituciones privadas de salud a nivel nacional, con un afán eminentemente gremialista, teniendo por objetivo el promover el esfuerzo cooperativo entre sus afiliados; promover, estimular y fomentar el conocimiento de la ciencia médica, particularmente en todo lo relacionado con el mejoramiento de la salud de la población; establecer vínculos con universidades o entidades afines, entre otras, más en ningún caso ejecuta como tal acciones propias de las instituciones que agrupa como entes dispensadores de servicios de salud”
Que, “la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales (AVCH) individualmente considerada, al no prestar servicios de salud, ni haber tenido participación alguna en la fabricación de las prótesis mamarias, el otorgamiento de permisos sanitarios y demás controles, previos, concomitantes o posteriores, necesarios para el resguardo del derecho a la salud; ni haber efectuado la importación, comercialización o colocación de los implantes mamarios de la marca PIP o ningún otro, ni haber girado instrucciones o avalado su colocación, en ningún momento puede ser considerada directa o indirectamente responsable del supuesto riesgo o daño a la salud y a la vida de las usuarias portadoras de las referidas prótesis mamarias”
Que, “[n]o existe relación de causalidad alguna entre la existencia de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales (AVCH) como asociación civil sin fines de lucro y los posibles o presuntos daños que la Defensoría del Pueblo en su actuación para protección de los intereses colectivos y difusos solicita tutelar reforzadamente en esta demanda”.
Que solicitan “se excluya del juicio principal y de la aplicación de la medida cautelar acordada a la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales (AVCH), toda vez que, insistimos una vez más, dada su naturaleza, finalidad y funciones, no ha tenido, formal ni material participación en los hechos que motivan el juicio y la actuación cautelar ordenada por esta Máximo Tribunal de la República, ni mucho menos existe elementos probatorio alguno”.
Que, “para poder prestar una efectiva y eficiente colaboración en la consecución de la medida cautelar acordada, el contenido y alcance de la misma debe ser necesariamente delimitado” y medida que además tiene un contenido “difuso”, razón por la cual, piden que se “delimite y aclare su alcance y contenido respecto a nuestra representada”.
Piden en definitiva que, “se excluya del juicio principal y de la aplicación de la medida cautelar acordada a la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales (AVCH),”
Por otra parte, en fecha 26 de junio de 2012, comparecieron las ciudadanas SANDY MARBELLY CONTRERAS DE MOLINA, CARMEN ELENA BARRETO CERMEÑO, ADRIANA LUISA BABARESCO, AYURANIS OSIRIS MORILLO RODRÍGUEZ Y MAYRA JOSÉ MARCHAN PARGOS, titulares de las cédulas de identidad nos. V-8.807.149, V-5.596.812, V-9.622.862, V-11.082.045, respectivamente, asistidas por los abogados, Gilberto Antonio Andrea González, Emilia De León Alonso de Andrea y Maribel del Valle Hernández Mariño, ya identificados, actuando en su carácter de representantes de la Asociación Civil de Mujeres Venezolanas Afectadas por Protesis Poly Implant Prothese “ASOMUVENAPIP” a fin de solicitar, que sea declarada sin lugar la oposición a la medida cautelar dictada por este alto tribunal, alegando lo siguiente:
Que, “en relación a la oposición a la medida cautelar realizadas por las empresas agraviantes, debe considerarse que este producto científico que vendieron a las mujeres venezolanas es altamente tóxico e irritante, que se encuentra relleno de Silicona Industrial, lo cual es confesado a vox populi por su creador, siendo así dicho producto espurio, nunca cumplió con las exigencias legales a nivel sanitario que se exigen en Venezuela, por lo que también se debe considerar que el permiso advierte que perderá toda vigencia, si existen sustancias no declaradas o distintas a las declaradas, por lo que debe asumirse que nunca tuvieron un permiso válido para su importación porque violaron las disposiciones sanitarias correspondientes”.
Que, “existen en Venezuela más de 40.000 afectadas por el uso y consumo de dicho producto por lo que tal y como lo señala el Juez constitucional, es un asunto de salud pública que justifica siempre el uso de los poderes cautelares, más aún cuando se utiliza para salvaguardar la vida y la salud”.
En definitiva piden que, “…sea declarada sin lugar la oposición hecha por las empresas agraviantes, porque son una negación de los poderes cautelares del Juez”.
IV
DE LAS PRUEBAS
EN LA INCIDENCIA CAUTELAR

El 3 de julio de 2012, el último de los días del lapso probatorio la representación judicial de GALAXIA MÉDICA, C.A. promovió en autos (en condición de reproducción) los siguientes “medios de prueba”: i) supuesta confesión contenida en los alegatos por la Defensoría del Pueblo insertos en autos, capítulo IV “Antecedentes”, páginas 7 y 8 pieza principal, capítulo V “De la demanda”, páginas 11, 12, y 13 pieza principal; ii) fotostatos de artículos de prensa que rielan en los folios 188 al 191 del expediente; iii) actas de la inspección extrajudicial evacuada el 23 de agosto de 2010 por la Notaría Pública Quinta del Municipio Chacao; iv) Inspección judicial de los sitios en la red, en el que se encuentra publicado el resumen emitido por la Agencia Francesa de Productos de salud (AFSSAPS), y el Servicio nacional de Salud del Reino Unido en las direcciones www.sante.gouv.fr/pdf/synthese_rapport_PIP_def_01_02_12.pdf, y www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/documents/digitalasset/dh_134657.pdf sobre la situación de los controles sanitarios efectuados a la empresa Poly Implant Prothese (PIP); v) prueba de informes a la empresa Laboratorios Acme S.A. para que diga si efectuó ensayos sobre los implantes en cuestión, y envíe copia de las certificaciones de ensayos emitidas el 21 de mayo 2007, mediante el cual se determinó que dichos implantes cumplían con las normas COVENIN referidas a esterilidad y toxicidad.
En lo referente a las pruebas promovidas por la representación de la sociedad mercantil GALAXIA MÉDICA, C.A., la Sala se ve forzada a inadmitir las pruebas indicadas en el punto (i) y (ii) de este capítulo, ya que con la las afirmaciones y elementos de prueba, consignados por la parte demandante en la presente acción y con las que se pretende desvirtuar la validez de la medida, ya fueron considerados por esta Sala como sustento para emitir el decreto cautelar, por lo que su análisis resulta impertinente para desvirtuar la procedencia de la medida.
También es impertinente el análisis de la inspección extrajudicial reseñada en el punto (iii) pues el retiro de las prótesis de los depósitos de la empresa Galaxia Médica C.A. no desvirtúa el riesgo que correrían las pacientes que fueron implantadas.
Por otra último, la Sala desestima la solicitud de la empresa Galaxia Médica, C.A., de realizar inspección judicial a fin de que este despacho ingrese a las direcciones de internet www.sante.gouv.fr/pdf/synthese_rapport_PIP_def_01_02_12.pdf, y www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/documents/digitalasset/dh_134657.pdf para reproducir su contenido y traducirlo mediante intérprete público, ya que con éstas la parte oponente pretende probar una circunstancia que justamente fundamentó la medida cautelar impuesta, cual es el desconocimiento de los efectos que la silicona no autorizada pudiera tener en la salud de quienes fueron implantados con prótesis PIP.
Del mismo modo, la Sala se ve forzada a desestimar la solicitud de informes (v) al laboratorio ACME, S.A., toda vez que la medida dictada no desconoce que las prótesis contaban con los permisos sanitarios, de hecho, al dictar la cautelar, esta Sala tuvo en consideración dicha circunstancia; de manera que no se aprecia que ese informe aporte algún elemento que permita desvirtuar la necesidad de reemplazar los implantes en los términos establecidos por la Sala. Así se declara.

V
DE LAS CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Vistos los argumentos esgrimidos por las representaciones de las partes en oposición, pasa esta Sala a decidir la presente incidencia y, a tal efecto, observa:
Respecto a la oposición formulada por la representación de GALAXIA MÉDICA, C.A., esta Sala debe señalar que tal como ha manifestado esa empresa, en su condición de parte demandada, al ser la que importó y comercializó de forma masiva en Venezuela, los productos (Prótesis) de la empresa internacional Poly Implant Prothese, debe determinarse si aquella tiene o no responsabilidad de garantizar la calidad de esos productos, ante sus destinatarios finales, sobre todo ante el planteamiento según el cual una cantidad indeterminada de las prótesis para implantes mamarios conocidas como PIP, contienen silicona industrial no apta para su implante en el cuerpo humano, lo que evidenciaría un riesgo posible de que éstas ocasionen daños en la salud a sus portadores y portadoras, que pudieran incluso causar la muerte; peligro que este máximo tribunal considera suficiente para justificar el decreto cautelar que pidió la Defensoría del Pueblo, pues tal como reconoce Galaxia Médica, C.A. “se desconoce si todos los lotes de PIP fueron efectivamente fabricados con el gel no autorizado, y se sospecha que dicho elemento fue incluido a partir del año 2009, momento a partir del cual se incrementó la tasa de roturas de las PIP”, incertidumbre que obliga a mantener las medidas cautelares declaradas para resguardar la salud y la vida de quienes manifiesten haber sido afectados por el producto conocido como prótesis PIP, razón por la que se reitera que Galaxia Medica, C.A., debe asumir cautelarmente el costo de las prótesis mamarias a reemplazar, tal como señala el cardinal 3.3 de la decisión de esta Sala sobre las medidas cautelares solicitadas por la Defensoría del Pueblo, a tenor de los siguiente:
3.3. Se ordena el retiro y reemplazo de las prótesis mamarias, marca PIP, de forma programada, a costa de la Sociedad Mercantil GALAXIA MÉDICA, C.A. y del grupo económico del cual forma parte, de los MÉDICOS CIRUJANOS y las CLÍNICAS PRIVADAS, que intervinieron en la mamoplastia, en aquellos casos en los que se haya iniciado el proceso de filtración de la prótesis, de modo que conforme a diagnostico médico se determine que no se pueda esperar, para su extracción, la sentencia definitiva.
En lo referente a la oposición de la representación judicial de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales (en adelante AVCH):
La Sala rechaza la solicitud realizada en su escrito de oposición por parte de la AVCH, de excluirles del juicio principal y de la aplicación de la medida cautelar acordada por el argumento de que ésta no ha tenido participación en los hechos que motivan el presente juicio y la actuación cautelar ordenada por este Máximo Tribunal, por carecer, según lo enunciado, de elementos probatorios en su contra.
Al respecto, la Sala ratifica que por ser esta una acción en protección a intereses colectivos y difusos de todas las personas a las que le fueron implantados las prótesis PIP, y por ser la AVCH la asociación gremial que agrupa a un gran número de empresas prestadoras de servicios de salud privada, debe asumir la representación responsable en cuanto a sus afiliados, en cada uno de los casos que se encuentren insertos en el Registro habilitado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, en el que se señala específicamente el centro de salud o clínica privada en el cual se realizó la intervención quirúrgica en la cual fue implantado al paciente la prótesis PIP.
En tal sentido, dicha representación queda demostrada en el documento constitutivo estatutario de la AVCH (el cual consta en autos), cuando señala en su artículo segundo: “La Asociación Civil tendrá por objeto agrupar instituciones privadas de salud a nivel nacional para sin ánimo de de lucro realizar entre otros los siguientes objetivos: (…) 10. Servir de vínculo permanente entre todos los establecimientos miembros de su jurisdicción, erigiéndose en portavoz y representantes de los mismos. 11. Ejercer la coordinación entre los establecimientos de salud y destacar las más amplia responsabilidad profesional, propendiendo al afianzamiento de los preceptos de ética médica para alcanzar propósitos comunes(Resaltado añadido).
Ahora bien, en referencia a la solicitud de la AVCH de que se precise la medida acordada en el cardinal 3.7, pasa la Sala a señalar lo siguiente:
La orden cautelar de que las clínicas privadas practiquen, de manera gratuita, los exámenes de diagnósticos necesarios a los pacientes que fueron intervenidos y portan implantes mamarios PIP, recae directamente en cada una de las clínicas que realizaron dicha intervención quirúrgica de mamoplastia implantando prótesis de la empresa Poly Implant Protheses” a cualquiera de los pacientes que presente la factura de pago por prestación de servicios, en las que se demuestre que dicha intervención fue realizada en ese determinado centro de salud privada.
A tal efecto, la obligación cautelar que recae sobre la (AVCH), se refiere a la intermediación que esta realice para que la totalidad de sus clínicas afiliadas, garanticen a cada paciente que fue intervenido en sus instalaciones y bajo la prestación de sus servicios, el cabal cumplimiento de la presente medida, y de no lograr dicho objetivo, emitir informe al Ministerio del Poder Popular para la Salud, a través de la Dirección de Contraloría Sanitaria, para que este realice los procedimientos administrativos necesarios para que el Centro o Clínica cumpla con la medida acordada; de igual forma, la AVCH, deberá remitir a la referida Dirección de Contraloría Sanitaria, el listado de todas sus clínicas afiliadas, a efectos de realizar una labor conjunta que permita el cumplimiento de lo ordenado por este máximo Tribunal.
Ahora bien, una vez expuestas las observaciones a los alegatos de las partes oponentes a las medidas cautelares, esta Sala Constitucional considera pertinente, citar las razones que motivaron el otorgamiento de las medidas cautelares solicitadas para ese entonces por la representación de la Defensoría del Pueblo:
“El artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia reconoce en el marco del Capítulo II, ‘De los procesos ante la Sala Constitucional’, que está inscrito en el Título XI, bajo la denominación ‘Disposiciones Transitorias’, las potestades cautelares generales que ostenta la Sala Constitucional con ocasión a los procesos jurisdiccionales tramitados en su sede.
Con respecto a la facultad cautelar que otorga la norma antes citada, esta Sala asentó en sentencia n.° 1.025 del 26 de octubre de 2010, (caso: Constitución del Estado Táchira), lo siguiente:
‘La norma transcrita, viene a positivizar la doctrina pacífica y reiterada de esta Sala (Vid. Decisión N° 269/2000, caso: ICAP), según la cual, la tutela cautelar constituye un elemento esencial del derecho a la tutela judicial efectiva y, por tanto, un supuesto fundamental del proceso que persigue un fin preventivo de modo explícito y directo. De allí, su carácter instrumental, esto es, que no constituyen un fin en sí mismas, sino que se encuentran preordenadas a una decisión ulterior de carácter definitivo, por lo que en relación al derecho sustancial, fungen de tutela mediata y, por tanto, de salvaguarda al eficaz funcionamiento de la función jurisdiccional.
Significa entonces, que el citado carácter instrumental determina, por una parte, su naturaleza provisional y al mismo tiempo, por su idoneidad o suficiencia para salvaguardar la efectividad de la tutela judicial, pues si se conceden providencias que no garantizan los resultados del proceso, la tutela cautelar se verá frustrada en la medida en que no será útil para la realización de ésta.
Resulta así oportuno referir a Calamandrei (1984. Providencias Cautelares, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires), en el sentido que como efecto del matiz servicial de las medidas cautelares, éstas deben ser homogéneas al petitorio de fondo, ya que alcanzan su mayor eficacia en cuanto más similares sean a las medidas que habrán de adoptarse para la satisfacción de la pretensión definitiva, pues se reitera, constituyen la garantía de la ejecución del fallo definitivo.
Entonces, el fundamento de la medida cautelar no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino de un conocimiento periférico o superficial encaminado a obtener un pronunciamiento de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido, en el cual, deben ponderarse las circunstancias concomitantes del caso así como los intereses públicos en conflicto, ello en virtud de la presunción de legitimidad de los actos del Poder Público’.
En aplicación de las anteriores premisas, considera la Sala, de una revisión preliminar y no definitiva de los elementos probatorios cursantes a los autos, así como de las alegaciones que fueron formuladas por la representación de la Defensoría del Pueblo, quien se constituyó como parte accionante en esta causa, y de la ponderación de los derechos e intereses colectivos que se señalaron como afectados por la situación de hecho que fundamentó la presente solicitud, que hay elementos que hacen presumir un menoscabo de derechos fundamentales a la vida y a la salud, de las personas que tienen implantes mamarios marca PIP que fueron fabricados por la Compañía ’POLY IMPLANT PROTHÈSE (PIP)’.

En tal sentido, se advierte que la presente demanda está dirigida a la tutela de todas las personas que se han visto afectadas por la colocación de prótesis mamarias marca PIP, fabricadas por la CompañíaPOLY IMPLANT PROTHÈSE (PIP)lo cual debe adminicularse al posible riesgo inminente que existe sobre la vida y la salud de las mismas, conforme a las denuncias que fueron planteadas y, particularmente, a los elementos de convicción presentados conjuntamente con la demanda interpuesta, tales como la copia del comunicado de fecha 30 de marzo de 2010, de la Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria de Productos de la Salud (AFSSAPS) por medio del Sistema de Vigilancia de Productos Sanitarios, mediante el cual puso de manifiesto que los implantes mamarios marca PIP, fabricados por la compañía POLY IMPLANT PROTHÈSE(PIP), estaban siendo fabricadas con una silicona NO AUTORIZADA, desconociéndose los efectos en el ser humano, por lo que se ordenaba su retiro del comercio; la ’Información Complementaria a la Nota de Seguridad sobre Prótesis Mamarias Poly Implant (PIP)’, distinguida bajo la Ref.: 014/Septiembre 2010, de fecha 28 de septiembre de 2010, emanado de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), donde se señala que las autoridades sanitarias francesas han informado de los resultados de los análisis que fueron practicados donde se corrobora la fragilidad de esta prótesis mamarias, marca PIP, su poder de irritabilidad, y una significativa heterogeneidad de los productos utilizados y el Informe del 01 de febrero de 2012, de la Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria de Productos de la Salud (AFSSAPS) dirigido al Ministerio del Trabajo, Empleo y Salud de la República Francesa, en el que concluyen que ’el incumplimiento, la falta de calidad, la variabilidad de un lote a otro y el poder irritantes son cuatro elementos que justifican por sí solas, como medida de precaución, la explantación prótesis (sic) y el seguimiento de las mujeres implantadas’ lo cual configura la presunción grave del peligro en la demora -periculum in mora- ante el riesgo de que quede ilusoria la ejecución del fallo.
Lo anterior, en criterio de la Sala, y sin que ello represente un juicio definitivo sobre el caso, constituye una presunción de buen derecho -fumus boni iuris- que obra en beneficio de todas las personas que se encuentran afectadas por la colocación de prótesis mamarias marca PIP, fabricadas por la Compañía POLY IMPLANT PROTHÈSE (PIP), que debe ser tutelado cautelarmente para evitar la concreción de un daño irreparable a la salud y a la vida de las mismas, hasta tanto se dicte la sentencia definitiva en el presente caso.” (Sentencia SC n.° 790 del 6 de junio de 2012).

Por otra parte, de los diferentes escritos de oposición se puede deducir que las partes oponentes  buscan que esta Sala se pronuncie, de forma anticipada, sobre el fondo de la controversia, lo que no se corresponde con esta oportunidad procesal, toda vez que ello será objeto de la sentencia definitiva. Así se declara.
Finalmente, sobre la base de las consideraciones de hecho y de derecho antes expuestas, esta Sala debe declarar inadmisible, por extemporánea, la oposición a las medidas decretadas en la sentencia n° 790 del 06 de junio de 2012, interpuesta por las representación de MULTI INDUSTRIAS MÉDICAS MULTIMED C.A. y de LOCATEL FRANQUICIA, C.A., y de FARMACIA LOCATEL, C.A., y sin lugar las oposiciones ejercidas por Galaxia Médica, C.A. y por la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales (AVCH). En consecuencia, debe ratificar en toda y cada una de sus partes la medida cautelar dictada por esta Sala a través de la sentencia n° 790 del 06 de junio de 2012. Así se decide.
VI
DECISIÓN
En atención a las anteriores consideraciones, esta Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara:
Primero: INADMISIBLE la oposición a las medidas decretadas en la sentencia n° 790 del 06 de junio de 2012, interpuesta por las representación de MULTI INDUSTRIAS MÉDICAS MULTIMED C.A. y de LOCATEL FRANQUICIA, C.A., y de FARMACIA LOCATEL, C.A.
Segundo: SIN LUGAR las oposiciones ejercidas por Galaxia Médica, C.A. y por la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales (AVCH), en consecuencia,
Tercero: RATIFICA en toda y cada una de sus partes la medida cautelar dictada por esta Sala a través de la sentencia n° 790 del 06 de junio de 2012.
Publíquese, regístrese y notifíquese.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas,  a los 07 días del mes de abril  de dos mil quince (2015). Años: 204º de la Independencia y 156º de la Federación.

La Presidenta


GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO
Ponente

El Vicepresidente,


ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
…/
…/
Los Magistrados,




Francisco Antonio Carrasquero López





LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO




MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN




CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

…/
…/




JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

El Secretario,




                    JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO



 

GMGA.

Expediente n.º 12-0526.